La Junta aprieta su sector público dos años después de la fallida reordenación

SEVILLA- Dos años después de aprobar el plan de reordenación del sector público empresarial, la Junta ha comprobado cómo las medidas tomadas en su día no fueron suficientes. Al margen de la polémica integración del personal de los entes instrumentales en las agencias públicas –decisión de la que no ha habido marcha atrás y que ha motivado una bajada generalizada de sueldos para evitar despidos–, la necesidad de cumplir el objetivo de déficit y las dificultades de todas las administraciones para acceder a la financiación obligan a nuevos ajustes. Y la «administración paralela» de la Junta, tantas veces señalada por sindicatos de funcionarios y el PP, es un campo propicio para reducir costes.

Así, uno de los pasos aprobados ayer en el Consejo de Gobierno es fortalecer la coordinación de los entes instrumentales con la Consejería de Hacienda y Administración Pública, encargada de velar por el cumplimiento de las exigencias del Ministerio. A partir de ahora, se centralizará la remisión de la información económica y financiera que pasará por la Intervención General, órgano que depende del departamento de Carmen Martínez Aguayo. Desde ahí se remitirá después a la Administración General del Estado.

No son las únicas medidas. Este proceso de «intervención» incluye la elaboración de planes económico-financieros en los que se especificarán medidas de racionalización de gasto y optimización de ingresos. Lo mismo que han hecho las comunidades autónomas, adaptados a cada sociedad pública. Aclara que éstas últimas deben de ser coherentes con el Plan Económico Financiero de la Junta. Una de las principales empresas públicas afectadas por esta decisión es la RTVA, que arrastra importantes pérdidas y que, según la nueva normativa estatal, habrá que privatizar –opción descartada por el Ejecutivo de Griñán– o comprometerse a no tener déficit y establecer un techo de gasto.

Hay otras dos decisiones que afectan de lleno a la «autonomía» de estas empresas. La limitación de las retribuciones de los directivos y la reducción de vehículos oficiales. La primera de ellas se había anunciado hace meses, pero en la práctica no se cumplía. La nueva norma señala que el sueldo íntegro del personal directivo del sector público andaluz con funciones ejecutivas de alto nivel o alta dirección no podrá superar, en cómputo anual, las siguientes equivalencias de la Administración autonómica: entidades de más de 100 millones de euros de presupuesto o plantillas superiores a 500 trabajadores cobrarán –por todos los conceptos, excepto antigüedad– lo equivalente a un viceconsejero o asimilado. Entre 50 y 100 millones o 50 trabajadores, como un director general. Más de 5 millones o más de 10 empleados, lo que un subdirector o coordinador general. Para dimensiones inferiores, la equivalencia será el salario de un jefe de servicio.

Ahora sí nadie ganará más de lo que percibe el presidente de la Junta ni un consejero autonómico, 63.808 y 62.800 euros respectivamente con el último recorte aprobado. El techo lo marcan los viceconsejeros, que ganan al año 59.564,07 euros. Ése tendrá que ser el sueldo, por ejemplo, del director de la RTVA, que este año tenía asignados unos 120.000 euros. Los directivos del ente autonómico también tenían nóminas superiores a las de Griñán.

Además, después de numerosas peticiones de la oposición, la Junta reduce su parque móvil. Sólo el presidente, consejeros y viceconsejeros –y asimilados, como los consejeros del Consejo Consultivo o directores de empresas públicas con un presupuesto superior a 100 millones– tendrán coche oficial. Dos vehículos en cada una de las once consejerías –para el consejero y el viceconsejero–, más los organismos que aún tengan derecho. En total, se pasa de alrededor de 200 a 30 o 40 vehículos. Los directores generales se quedan sin chófer.

Ahora tocará negociar con los sindicatos para reubicar a los conductores sobrantes. Los coches no se venderán –la Consejería organizó una subasta con escaso beneficio–, sino que se reasignarán. Estarán al servicio del personal como «parque móvil de incidencias». «En cada consejería habrá vehículos para atender la necesidad de despliegue en el territorio que puedan tener los distintos servidores públicos de cualquier órgano directivo», explicó Aguayo. No irán a recoger a los directores generales a sus casas, pero sí estarán a su servicio. El ahorro previsto será de tres millones de euros, mientras que por las limitaciones salariales será de 2,7 millones. Gestos estéticos en época de crisis que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013.

Lo grave es el problema de financiación. Y la Junta no quiere acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico impulsado por el Gobierno central, aunque no descarta que tenga que ser «rescatada». «Sería presuntuoso por mi parte hacer afirmaciones más rotundas», dijo Aguayo. A la consejera de Hacienda le gustan otras fórmulas como avales o mutualizaciones. Unos «hispabonos» que le permitieran conservar más autonomía. El modelo aprobado por el ministro Cristóbal Montoro «busca invadir competencias», según aseguró. Políticamente lo rechaza pero la situación económica, con los mercados cerrados, no dejará alternativa.

Mientras tanto, reafirmó su compromiso con la estabilidad presupuestaria y el objetivo de déficit, cifrado en el 1,5 por ciento del PIB para las comunidades autónomas.