Barcelona

Convergència amenaza con la insumisión si fracasa el pacto fiscal

El gran objetivo del gobierno de Artur Mas durante esta legislatura es lograr un nuevo pacto fiscal que ofrezca a Cataluña rendimientos similares a los que obtiene el País Vasco, pero si fracasa en este intento, hay dirigentes de CiU como Oriol Pujol que no descartan echarse al monte siguiendo la hoja de ruta trazada anteayer por Òmnium.

Oriol Pujol defiende la tesis de Òmnium previo paso por un referéndum
Oriol Pujol defiende la tesis de Òmnium previo paso por un referéndumlarazon

La entidad soberanista, que organizó la marcha del 10-J en respuesta a la sentencia del Estatut, aboga ahora por lograr la «independencia fiscal» durante este mandato, pero, en caso de no consumar esta aspiración, es partidaria de la «insumisión fiscal». El portavoz del Govern, Francesc Homs, dijo ayer que ve «muy bien que haya sugerencias por parte de la sociedad civil» porque son «aportaciones interesantes», pero subrayó que su Ejecutivo sólo tiene un plan por el momento y es el de lograr un pacto fiscal. Homs se desmarcó de planes «b» o «c» porque la Generalitat afrontaría entonces la negociación con todas las cartas sobre la mesa.

También la consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, se desmarcó de la insumisión fiscal con un argumento muy realista. «Aunque yo no quiera pagar, lo acabaré haciendo. Los mecanismos de defensa de las instituciones públicas me vaciarán la cuenta corriente», dijo.
El presidente del grupo de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, en cambio, no descarta la rebelión fiscal, aunque confía en que el Govern salga airoso del pacto fiscal. «Tengo la esperanza de que antes de cuatro años esto será una realidad, por lo que no nos obligará a hacer esto», comentó en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Pero Pujol, que aspira a convertirse en secretario general de Convergència, cree que, en todo caso, antes de plantear la insumisión fiscal –también conocida en Cataluña como «cierre de cajas»– haría falta realizar una consulta a los catalanes. En este sentido, destacó la importancia de reformar la actual ley de consultas, que no permite llamar a las urnas a los ciudadanos sin el permiso del Gobierno. El cierre de cajas tiene un precedente histórico, el de 1899, cuando el doctor Robert, alcalde de Barcelona, encabezó una protesta para dar de baja a los comercios y, así, dejar de pagar la subida de impuestos que estableció el Gobierno en la crisis colonial.