Exigencias democráticas

La democracia se asienta en principios de exigencia para los representantes de la soberanía nacional. Los gobernantes, los políticos, están obligados a rendir cuentas de su gestión pública. Buena parte del descrédito actual de nuestra clase política ante la ciudadanía parte precisamente de haber desvirtuado hasta difuminarlo el precepto de la responsabilidad y la ejemplaridad. El «caso Faisán» ha sido la última prueba de ello. El procesamiento de tres antiguos alto mandos policiales del Ministerio del Interior que dirigían Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho –por su presunta participación en el chivatazo a ETA que evitó la caída del aparato de extorsión de la banda terrorista en 2006– constituye, sin duda, uno de los episodios más graves de la historia de la democracia. En estas páginas pedimos ayer que el ex vicepresidente y ex ministro del Interior abandonara su actitud esquiva de estos años y diera las explicaciones públicas después de la decisión del juez Pablo Ruz. Sin embargo, Pérez Rubalcaba apostó ayer por parapetarse tras un discurso insuficiente. Aseguró que si no hubiera sido ministro «no se habría producido tal escándalo político» y precisó que no tiene nada que «esconder» ni de lo que «arrepentirse». El Gobierno habló incluso de un asunto alentado por el miedo del PP al candidato Rubalcaba. Habría sido mejor el silencio. Abordar la presunta colaboración con ETA desde el Ministerio del Interior como algo casi anecdótico que habría pasado inadvertido si no afectara al ex vicepresidente es un despropósito impropio de una personalidad política como la de Rubalcaba. Sus probados recursos para la distracción no sirven cuando existe un auto judicial con al menos doce indicios concluyentes de actividades con responsabilidad criminal por parte de sus inmediatos subordinados. Hasta los sindicatos policiales han coincidido en que resulta imposible que los mandos implicados abordaran una operación así sin una orden explícita de sus superiores. En cuanto al «temor» del PP al candidato del PSOE, entendemos que un Ejecutivo serio debería ser capaz de dar una réplica más airosa.

 El PSOE y el Gobierno intentaron también desacreditar el trabajo del juez Ruz. El propio Rubalcaba habló de una instrucción judicial con «fallos jurídicos» y otros ministros lo describieron como un auto repleto de «especulaciones». La estrategia de desprestigiar la labor de los magistrados ha sido habitual en los socialistas en otros tiempos de dificultades con la Justicia, pero no dejan de ser manotazos cuando en democracia se requieren respuestas.

La ofensiva parlamentaria del Grupo Popular por el «Faisán», con preguntas y una interpelación, está más que justificada y responde a una necesidad política de conocer la verdad sobre la implicación del Ministerio del Interior. Insistimos en que Pérez Rubalcaba y el Gobierno tienen el deber político y moral de responder y aclarar todas las circunstancias del chivatazo a ETA en el contexto de la negociación con la banda. No podrán mirar para otra parte indefinidamente. La democracia requiere ejemplaridad y más aún en quien pretende pedir su confianza a los españoles en unos meses.