El Gobierno admite que los anuncios de contactos son ilegales

En una respuesta escrita al grupo parlamentario UPN (Unión del Pueblo Navarro), el Ejecutivo incurre en graves contradicciones y se escuda en el retraso del informe del Consejo de Estado, solicitado el 13 de mayo de 2010 por la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para tomar cartas en el asunto.

El Congreso aprobó el pasado 21 de septiembre una proposición no de ley, a iniciativa de UPN, por la que se instaba a José Luis Rodríguez Zapatero a presentar un proyecto para erradicar este tipo de publicidad de los medios de comunicación, en un plazo de cuatro meses a partir de que el Consejo de Estado hiciera público su informe. Ante el retraso del citado documento, Carlos Salvador, de UPN, presentó a finales del año pasado una batería de preguntas escritas para conocer cuáles eran las intenciones del Gobierno y qué medidas había puesto en marcha en los últimos meses para luchar contra la trata de blancas con fines de explotación sexual en España. La respuesta se produjo el pasado martes, cuando el equipo de Zapatero incurre en varias contradicciones. La primera de ellas y tiene que ver con la legalidad de este tipo de publicidad, que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y que sirve a las mafias para enriquecerse. Según el escrito, la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada el 18 de marzo de 2010, «establece la prohibición de toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio». Es decir, los anuncios de contactos son ilegales.

Una cuestión económica
Sin embargo, reconoce poco después que «el Gobierno ha mantenido, a lo largo de los dos años de ejecución del Plan Integral de Lucha contra la Trata, reuniones con diversos medios y, si bien algunos se han mostrado favorables a la supresión de los anuncios de contactos, han argumentado que el momento económico actual dificulta o impide dar el paso hacia la eliminación de los mismos». Aquí es donde está la contradicción. Si la Ley de Comunicación Audiovisual establece la ilegalidad de este tipo de publicidad, que genera grandes beneficios a los diarios que las incluyen en sus páginas, ¿por qué no se les obliga a cumplir la norma? Además, la crisis económica afecta a todos por igual, lo que no ha evitado que, según el documento, «en el ámbito de la Prensa escrita nacional, a la política empresarial del periódico "Público"de no incluir en sus páginas anuncios de contactos, se ha unido el periódico LA RAZÓN».

La segunda contradicción de la respuesta queda recogida al final de la respuesta. Salvador preguntó: «¿En qué plazo o momento temporal concreto estima el Gobierno que tendrá redactada la propuesta que promueva la desaparición de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación generalistas para su remisión al Congreso?». Tampoco en este punto ha existido avance alguno. «El Gobierno elaborará la correspondiente propuesta sobre la promoción de la desaparición de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación, una vez recibido el citado informe (el del Consejo de Estado)», finaliza la respuesta. Ni plazos ni compromisos. A pesar de que los medios no han cumplido el mandamiento del Plan de Trata, que insta a los medios a la autorregulación, y de tener el aval de la Ley de Comunicación Audiovisual, el Gobierno prefiere esperar. Han pasado diez meses desde el mandato, y el Consejo de Estado «sigue elaborando el informe», según confirmaron fuentes de la institución.

Carlos Salvador, diputado de UPN e impulsor de la proposición no de ley aprobada el pasado 21 de septiembre, criticó la respuesta del Gobierno porque no aporta nada nuevo. «Echan balones fuera para que sean otros foros los que les solucionen la papeleta», indicó. Por ello, anunció que volverá a presentar más cuestiones en el Congreso centradas en conocer los planes a corto y medio plazo del Ejecutivo. En palabras de Salvador, «vamos a insistir para saber qué gestiones ha hecho el Gobierno frente al Consejo de Estado para interesarse por el estado del informe. También queremos que se comprometan a fijar un plazo máximo para tomar medidas». El diputado solicitará una explicación a las contradicciones del Gobierno. «Si existe una ley que los prohibe, ¿por qué no se obliga a su cumplimiento?», preguntó, y añadió:«¿Por qué hay que esperar al informe del Consejo de Estado para actuar?».

Finalmente insistirá en las medidas puestas en marcha para acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual, ya que considera que una guía didáctica, un portal digital, el ofrecimiento de dos exposiciones a las Comunidades Autónomas y el anuncio de que se preparan unos cursos de formación para el personal sanitario, educativo o judicial «no son suficientes».


Las grandes «soluciones» para combatir esta lacra
- La respuesta gubernamental a las preguntas de UPN revela el grado de inoperatividad en este problema. La demagogia del Gobierno pasa por defender a las víctimas de la trata, alabar las operaciones policiales y la efectividad de las medidas puestas en marcha con el plan de trata, pero no hace nada por atajar la raíz del problema. El uso de los anuncios de contactos por parte de las mafias para publicitar su negocio sigue sin solventarse.
- Las «grandes» soluciones para concienciar a la sociedad sobre esta lacra se limitan a la guía didáctica «El viaje de Laila, Guía de sensibilización sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual», el portal Intercambia, dirigido a profesores y el ofrecimiento a las comunidades autónomas, entidades locales y otras organizaciones de las exposiciones «No seas cómplice» y «Esclavas del siglo XXI».
- Por último, el Instituto de la Mujer ha elaborado una propuesta de cursos de formación para todos los organismos implicados en la lucha contra la trata, que todavía no se ha puesto en marcha.