El teatro de Griñán

La espantada de Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue ayer justificada por Griñán en un ejercicio de teatralización absurda cargado de demagogia y falsedad. El presidente del Gobierno socialcomunista acusó al Ejecutivo central de emprender un «ataque frontal» contra Andalucía, de «romper la igualdad de todos los españoles», de pretender cerrar 19 hospitales públicos andaluces y la mitad de los colegios, y de despedir a 60.000 empleados públicos con el límite de la deuda autonómica propuesto por Hacienda. La sobreactuación fue extraordinaria. Hablar de agravios a su territorio y de falta de comunicación y diálogo es faltar a la verdad. El Ministerio de Hacienda ha estado en permanente contacto con la Junta de Andalucía durante las últimas semanas. Desde el Gobierno de la nación se han mantenido la más comprensiva lealtad institucional y una alta responsabilidad política en el trato de las urgencias financieras andaluzas. La partida de 77 millones de euros para pagar las nóminas en vísperas de la reunión entre Rajoy y Griñán fue el último ejemplo de ese socorro económico. Las líneas de liquidez han incluido también el plan de pago a proveedores o la línea ICO Vencimientos, así como el Fondo Autonómico. Por no hablar de la reciente autorización de 2.700 millones más de deuda o de que uno de cada dos euros de la solidaridad autonómica sea para Andalucía. El alboroto de la Junta sólo puede enmarcarse en una estrategia de confrontación, en la que hay deslealtad e insensatez. En primer lugar, porque la situación crítica de la región –con una deuda de 15.373 millones, una tasa de paro del 33,92% y unos vencimientos de deuda de 1.609 millones en el segundo semestre del año– sólo es imputable a la catastrófica gestión de los socialistas y sin tanto derroche e irresponsabilidad, las dificultades serían menores y los sacrificios más asumibles. En segundo lugar, porque Andalucía está muy lejos de haber realizado el esfuerzo de ajuste necesario en su mastodóntica estructura clientelar, así como en su catálogo de subvenciones a organizaciones ideológicamente afines, y de haber sido eficiente en la contención del gasto corriente. Por ese desagüe se han marchado millones de euros que los ciudadanos habrían agradecido. Griñán está en su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional los acuerdos del Consejo de Política Fiscal, pero, salvo que pretenda caer en la insumisión, no tendrá más remedio que cumplir los compromisos. La izquierda andaluza tendrá que bajar del monte cuanto antes porque necesita pagar. En estas escaramuzas de políticos menores se ha perdido tiempo y esfuerzo y se ha perjudicado nuestra imagen como país. De ello tendrán que responder ante los ciudadanos. El Gobierno ha hecho lo que debía. Prueba de ello es que la agencia S&P ha mantenido la calificación de la deuda. Un dato positivo.