El presupuesto de defensa por Ángel Tafalla

Desde el pasado mes de septiembre la opinión pública viene siendo bombardeada con un mensaje apocalíptico procedente del propio Ministerio de Defensa que podríamos resumir de la siguiente manera: estamos en quiebra, no tenemos fondos ni para el mantenimiento y no sabemos cómo pagar la deuda contraída por los 19 programas especiales de armamento, deuda ésta que impide financiar absolutamente nada más en un futuro indefinido.

Todo ello acompañado de acusaciones de descontrol de los programas, identificando a dos grandes grupos de culpables: los cuarteles generales, llenos de caprichos y que controlan a los directores de estos programas (naturalmente, militares) y la industria militar, que aumenta los precios aprovechándose de la confusión. El Ministerio de Defensa, a través de su Secretaría de Estado, no es responsable para nada de esta situación y ha encontrado milagrosamente la solución, consistente naturalmente en la creación de un nuevo organismo, una sociedad mercantil estatal, parecida a la que llevamos padeciendo desde hace bastantes años denominada ISDEFE, de dudosos objetivos y organización. El que el secretario de Estado o su ministra hayan descubierto la solución a un problema originado nada menos que hace cuatro legislaturas, tras 8 años de Gobierno y tan sólo un par de meses antes de ser muy probablemente relevados, origina un cierto escepticismo y algunas sospechas sobre la motivación de tan dantesco testamento.

El objetivo de estas líneas es intentar clarificar el panorama e identificar responsabilidades –pues todos hemos tenido alguna– en haber alcanzado la presente situación. El denominado planeamiento de fuerzas es el proceso por el que se determina la necesidad de dotarse de un cierto tipo de armamento, buque o aeronave militar y cuáles deben ser sus requisitos principales. Quien mejor controla el proceso para su obtención –a veces muy dilatado en el tiempo– es el organismo que sintió dicha necesidad y ha venido esforzándose en encontrar financiación para el mismo. Todo programa militar importante surge de la tensión entre tres organismos: el que tiene la experiencia de la plataforma, del operador y de su entorno, que suele ser el Cuartel General del correspondiente Ejército o Armada (en adelante, los tres ejércitos); en segundo lugar el Jemad, que trata de encajar ese programa en un cuadro general conjunto (es decir, de los tres ejércitos) que se deduzca de una estrategia definida y aceptada; y finalmente el órgano político –el Ministerio de Defensa– donde se comprueba que encaja en las prioridades del más alto nivel, que incluyen normalmente los intereses de la industria militar. Este equilibrio a tres bandas es en la práctica muy difícil, pues estos organismos tienen voluntad de controlar el proceso integralmente, cosa que rara vez consiguen. La propuesta póstuma de organización a la que he hecho referencia al principio no es más que un intento de controlar completamente desde la sede del ministerio los programas militares, ignorando que la experiencia y motivación reales residen en los ejércitos. Y pudiéramos añadir que esta propuesta del secretario se aprovecha de la debilidad de nuestro pensamiento estratégico actual para ignorar el papel que el Jemad debería desempeñar en todo este proceso, relegándole a un mero seguidor de las operaciones en curso.

La llamada deuda acumulada en estas cuatro legislaturas no lo es totalmente en el sentido clásico de esta palabra, sino que más bien procede en un alto grado del haber tratado de ocultar en los Presupuestos lo que cuestan realmente los tres Ejércitos. O mas específicamente, sus inversiones en armamento nuevo.

Originalmente esta «deuda» era de unos 24.000 millones correspondiente a 19 programas, pero la revisión de precios durante los 16 años transcurridos y la opacidad del proceso, los ha elevado a unos 34.000 millones al día de hoy. Por cierto, que tan sólo tres programas (Eurofighter o EFA, avión de transporte A-400 y helicóptero NH-90) son responsables de unos 20.000 millones.

Simplificando al máximo –lo que no es sencillo– estos 34.000 millones se dividen entre unos 14.500 ya abonados que corresponden en alto grado a armamento recibido y operativo, y aproximadamente unos 20.000 de lo pendiente de recepción pero que está en proceso de obtención y procede de contratos de difícil renegociación.

Por todo esto, los 14.500 millones no son deuda realmente, sino que ya han sido abonados por el Ministerio de Industria en lugar del de Defensa, que es quien lo tendría que haber hecho si hubiera tenido el valor de decirle a los españoles lo que de verdad costaba modernizar sus Fuerzas Armadas. El presente intento de apretar el cinturón a Defensa –como corresponde y es justo debido a la crisis–, partiendo de los presupuestos ficticios de estos últimos años y no de los reales (con la suma de lo que estaba oculto en el de Industria) sí que traerá la asfixia a los ejércitos y provocará el apocalipsis anunciado. Lo que creo que hay que hacer es explicar qué ha pasado, pedir perdón por la pasada falta de transparencia de la que todos hemos sido más o menos responsables –los ejércitos incluidos, no sólo por su interpretación de la obediencia sino por el miedo que tenían a perder sus programas si se financiaban con luz y taquígrafos– y ajustar lo que haya que ajustar, pero a partir de lo que de verdad cuestan las Fuerzas Armadas.

Estamos hablando de unos 7.500 millones € de presupuesto anual ficticio que corresponderían a unos 10.000 si añadiésemos lo sumergido en Industria. Sumando a las inversiones, estos 2.500 millones adicionales lograríamos acercarnos a una relación del 50% entre gastos de personal y material que corresponde a unos ejércitos profesionales racionales. Actualmente esta proporción es de un 63% para personal y 37% para material, deteriorándose día a día al aminorar las inversiones.

Estos 10.000 millones serían la base de la que partir para hacer los ajustes que correspondan, siempre tratando de mantener el porcentaje 50/50 que materializa el equilibrio que debe existir siempre entre el valioso personal y el material que manejan. Es cierto, como ha filtrado el Ministerio de Defensa, que la presente situación podría aliviarse con la venta de algún armamento nuevo no adecuado a la actual situación estratégica española, tales como algunos EFA (exclusivamente interceptadores), varios de los excesivos (para nuestras necesidades ) 27 nuevos A-400 o cierto numero de carros Leopard 2E pendientes también de recibir. Y encontrando una salida económica al lío de los helicópteros NH-90 y su inviable factoría en medio de La Mancha.

Todos deberíamos reflexionar sobre en qué invertir para lograr la seguridad de nuestra Nación, pero siempre recordando que sólo la verdad nos hará libres.

Ángel Tafalla 
Almirante. Ex Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada