Una solución para 10000 «cañadienses»

MADRID- Es una espina dorsal que atraviesa la Comunidad de noreste a suroeste. Todo el mundo tiene una idea preconcebida de cómo es la Cañada Real, una de las vías pecuarias de la región que en su día fue sendero de trashumantes y con el paso de los años se ha ido convirtiendo en la imagen de la marginación y la cara «más dura» de Madrid. Pero recorrerla de arriba abajo da buena muestra de los contrastes que aglutina. Chalés con todo tipo de lujos y chamizos, vehículos de alta gama y cundas, narcos y trabajadores de clase media, católicos, evangelistas, musulmanes... y en definitiva un crisol de culturas y mil formas de entender la vida. Todo «esparcido» a lo largo de los 14,5 kilómetros de vía invadidos por construcciones ilegales. Unas edificaciones que llevan ahí tantos años que, en muchos casos, ya son la tercera generación empadronada en la finca.
Pero la Cañada es mucho más que un problema de ilegalidad urbanística. Hay problemas de seguridad ciudadana, de tráfico, vecinos que llevan años enganchando la luz y llevando el agua de forma irregular hasta sus casas. Se trata de un asunto tan complejo que las adminstraciones han mirado para otro lado durante décadas –el tramo discurre por los términos municip-Vaciamadrid y Madrid capital–, lo que alimentó aún más el problema e incluso hizo de «efecto llamada» para nuevos «residentes» o para instalar la sede del supermercado de la droga en Madrid una vez terminado el poblado de Las Barranquillas.
Pero ahora, por primera vez en 60 años alguien ha cogido el «toro por los cuernos» y ha decidido hacer frente a una realidad «incómoda». La iniciativa fue del Gobierno regional hace casi un año, cuando aprobó la Ley 2/2011, que establece el régimen jurídico aplicable a la Cañada a su paso por los 14,5 kilómetros, donde se desafecta los tramos de vía pecuaria en toda su extensión. De esta forma, desde el 15 de marzo de 2011 –cuando se aprobó la ley– este tramo de la vía pecuaria pasaba a ser bien patrimonial. La ley, en resumen, daba un plazo de dos años a los ayuntamientos y el resto de administraciones implicadas para establecer un acuerdo marco. Ya ha pasado un año y precisamente hoy comienza el principio de este acuerdo marco.
El consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria, solicitará el censo encargado a cada municipio para conocer exáctamente cuánta gente vive en cada tramo de la Cañada –está dividida en seis sectores– cuántas viviendas y negocios hay en cada término municipal. No obstante, la Comunidad ya ha realizado una estimación a través del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y las asociaciones vecinales. Y el dato ha sido sorprendente. Lejos de las 40.000 personas que siempre se había dicho que vivían en los 14,5 kilómetros de la Cañada, la cifra real estaría entre los 9.000 y 11.000 habitantes, lo que supone un 72 por ciento menos de los primeros datos.
Pero los censos elaborados por cada consistorio arrojarán las cifras definitivas. Madrid capital aglutina la mayor parte del territorio afectado y, por tanto, es la zona más poblada. Entre los distritos de Vicálvaro y Villa de Vallecas, que suponen casi el 80 por ciento del tramo de Cañada afectada, suman más de 7.000 personas (1.779 viviendas y 179 naves e industrias). Por su parte, los municipios de Coslada y Rivas no llegan a los 2.000 habitantes el primero y supera los 1.500 el segundo.
La intención del Gobierno regional es que la mayor parte posible de los habitantes cumplan con los requisitos que establecerán los ayuntamientos para poder legalizar la situación de su vivienda y demoler, bajo la orden judicial pertinente, las viviendas que no puedan adaptarse a la ley. Pero este apartado está en manos de los ayuntamientos, ya que son ellos quien deben ordenar urbanísticamente los terrenos y, por tanto, ortorgar una calificación a cada tramo (terreno rústico, urbanizable...). De esta forma, además de poder adquirir el inquilino la propiedad, los consistorios ya podrán autorizar a las empresas suministradoras de gas, agua y luz a realizar unas instalaciones de forma adecuada y conforme a la ley y evitar que los vecinos se «enganchen» a red eléctrica de forma ilegal. Además, si se legalizara su situación, junto a pagar a estas compañías, también contribuirían con sus impuestos al mantenimiento de cada municipio.
Pero lo más inmediato es reunirse con las asociaciones de vecinos de la Cañada y eso hará hoy el consejero de Asuntos Sociales, aunque ya conoce de primera mano la realidad del problema.
De esta forma comienza la segunda fase del plan para resolver la problemática de la Cañada. «No es algo que se solucione en dos años de forma integral, pero, por primera vez, ya se está trabajando en ello», subrayó Victoria.

¿Adiós al gran mercado de la droga?
La Delegación del Gobierno tendrá un papel clave en la resolución del problema de la Cañada. Después de crear dos mesas de participación, una entre los vecinos y otra con los ayuntamientos, la Comunidad formará una general en la que intervendrán otros agentes como la delegación del Gobierno para garantizar la seguridad ciudadana en los tramos más conflictivos de la vía pecuaria, como es el sector 6, perteneciente a Villa de Vallecas. Y es que, llegará el día en que una comisión judicial tenga que entrar en las «narco viviendas» y «búnkers» de la zona de Valdemingómez y, lógicamente, será necesario un fuerte dispositivo policial. Muchos temen que esto signifique que el mayor supermercado de la droga se instale en otro sitio y los miles de toxicómanos que acuden allí a diario simplemente tengan que cambiar la ruta.

Un problema de hace 50 años
Años 60
Levantan pequeñas edificaciones al lado de huertas cercanas a la Cañada. Las casetas se fueron convirtiendo en casas y cada vez más.
2007: El conflicto
Los vecinos se amotinaron contra la Policía para evitar un desalojo. Lanzaron piedras y se produjo una «batalla campal».
2009: El acuerdo
La Comunidad y los tres ayuntamientos firman un acuerdo para la futura Ley.
2011: Legislación
El 15 de marzo entra en vigor la Ley 2/2011. Hay dos años de plazo para que los ayuntamientos ofrezcan soluciones.