Un email era suficiente para contratar a los intermediarios de los ERE

Un correo electrónico era todo el expediente de contratación. Lo hacía según su criterio e incluso podía cambiar de opinión en el transcurso de una negociación. La realidad dicta que tampoco hubo especial interés en cambiar de intermediarios: Vitalia Vida y Uniter se repartieron la mayoría del negocio. El Gobierno andaluz ha negado sistemáticamente que se hayan realizado pagos a intermediarios por su participación en los ERE.

La propia documentación que la Consejería de Empleo ha remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desmiente esta afirmación. Según ha podido constatar LA RAZÓN, los intercambios de correos electrónicos entre la Dirección General de Trabajo y Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia Vida, eran habituales y servían para tramitar operaciones.

Sin embargo, la Junta ha negado taxativamente esta cuestión. Lo hizo la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en el Parlamento. «En la contabilidad presupuestaria no figura ningún pago directo realizado a ningún intermediario que haya participado en la tramitación de las ayudas sociolaborales». La consejera ahondó en su explicación: «Todas las operaciones realizadas tanto por la Administración de la Junta como por sus entidades instrumentales son rigurosamente registradas en su contabilidad respectiva, por lo que le puedo asegurar que esta es una fuente de información de total fiabilidad».

En esta misma línea, el consejero de Empleo, Manuel Recio, respondió así a una pregunta parlamentaria del PP. «No consta en los sistemas de información de gestión de contratos ningún procedimiento de contratación administrativa mediante el cual se hayan adjudicado servicios a Uniter y Vitalia Vida», explicó.

No existe expediente porque no se elaboró. Un correo electrónico era suficiente. Incluso en las negociaciones para el ERE de la empresa Nilefós, el director general de Trabajo –por entonces Juan Márquez, que sustituyó a Francisco Javier Guerrero– solicitó al intermediario en cuestión «que con respecto a la operación de seguro colectivo de rentas de trabajadores de Nilefós Química no se va a contar con el servicio de su empresa, por lo cual le ruego cese de recabar información a los trabajadores, así como cualquier otra gestión al respecto». El alto cargo de la Junta admitía que una empresa ajena a la Consejería de Empleo trabajaba en nombre del Ejecutivo andaluz sin haber sido en ningún momento contratada para ello. Es un caso, pero fuentes de la investigación han confirmado a LA RAZÓN que era una práctica habitual.

La secuencia de correos electrónicos muestra también que los intermediarios hicieron gestiones ante las distintas compañías de seguros contratadas para abonar las pólizas, caso de Fortia Vida, Apra Leven o Vitalicio, a las que la Junta les transfería el dinero para el pago de las prejubilaciones. Los contactos eran frecuentes: incluso en uno de los correos, Antonio Albarracín reclama «una reunión mensual entre nosotros para aclarar cualquier malentendido».