Un hotel (ilegal) contra la crisis

L a crisis económica no contribuye a la conciencia ecológica. Así se comprobó la semana pasada en Carboneras, Almería, donde más de 300 vecinos de la localidad se manifestaron para exigir la apertura del polémico hotel Algarrobico, una enormidad de ladrillo de 411 habitaciones construidas en plena playa virgen del Cabo de Gata. Un monstruo en el paraíso.

Greenpeace y otras organizaciones ecologistas suman ya 20 años luchando para que los tribunales ordenen la demolición de «uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral español». Pero no todos lo ven tan mal. «Queremos puestos de trabajo. Los necesitamos», reclama Manolo Cañas, portavoz de la plataforma vecinal de apoyo al Algarrobico. «La promotora nos prometió 150 empleos en el hotel, todos ellos de gente del pueblo», añade, «deberían haber pensado en la ilegalidad antes de poner ladrillos».

Los habitantes de la zona, como el resto de Andalucía, sufre una de las mayores tasas de desempleo del país, un 15%, una cifra menor, eso sí, al resto de Andalucía, que supera el 20% en otras provincias. Los empresarios cantan las bendiciones que traerá el edificio. Insisten en que, ya que está finalizado en un 95%, que se abra. «Nos llenamos de esperanza, al pensar en esas 411 habitaciones. Cuando se puso la primera piedra, acudimos a verlo, todo el mundo estaba contento, el hotel nos dio la vida…», recuerda Cañas, quien regenta una joyería en el municipio y es miembro de la Asociación de Empresarios de Carboneras.

Greenpeace no da crédito a los últimos acontecimientos. El 5 de septiembre se cumplieron tres años de la sentencia (recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) en la que se declaraba nula la licencia de obras del hotel. Para celebrarlo, los activistas instalaron una «oficina» en la planta séptima y colgaron un gigantesco cartel en el que los incrédulos veraneantes podían leer: «¿A qué esperan?» [para la demolición].

El controvertido edificio de 20 plantas comenzó a edificarse en 2003. La obra fue paralizada, por orden judicial, en 2006. El problema es que se encuentra a menos de 28 metros del agua, cuando la distancia mínima obligatoria es de 100 metros. Según Greenpeace, son 16 los pronunciamientos judiciales que demuestran su irregularidad. «Hubo una connivencia entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Son 22 años de ilegalidades. Esto es un vodevil», explica Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. Mientras , el alcalde del municipio, el independiente Salvador Hernández (GICAR), que gobierna en coalición con el PP desde hace dos meses, no puede ocultar el tedio que le produce el tema: «Estamos hartos. El anterior alcalde socialista [Cristóbal Fernández] estuvo 28 años al mando. Era parte interesada. Nosotros somos recién llegados; que se tire o que se abra, nuestra postura es respetar la Ley», resume. Su posición, sin embargo, es difusa. «No hay sentencia firme que diga que el hotel es ilegal», señala, «pero si está cerrado, por algo será».

La promotora Azata, encargada de la obra, dice que siempre contó con «informes favorables» de la Administración y que el TSJA no se ha pronunciado sobre la ilegalidad de la licencia para construir.

El proyecto del Algarrobico comenzó a perfilarse antes de la aprobación de la Ley de Costas. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Junta indicó entonces, en 1994, que la zona, aunque quedaba excluida del Parque Natural Cabo de Gata-Mijas, no era urbanizable. Sin embargo, tres años después, y sin someterse a exposición pública, la Junta cambió la catalogación y lo declaró urbanizable. Desde entonces, una eterna maraña judicial provocó que cada colectivo interpretara la ley a su forma. La Junta de Andalucía y el Gobierno central tuvieron sus más y sus menos. El Gobierno autonómico no reconocía los posibles daños naturales. La consejera de Medio Ambiente en 2009, Cinta Castillo, llegó a declarar: «Al Parque del Cabo de Gata el Algarrobico no le perjudica medioambientalmente hablando, pero puede que urbanísticamente no sea legal».

Sin embargo, la ministra Rosa Aguilar, tras reunirse con el actual consejero, José Juan Díaz Trillo, aseguró que había que derribarlo. Ambas administraciones (a expensas de un posible cambio de gobierno en noviembre) ultiman un plan de derribo. El gobierno asumiría el coste del derribo y la Junta la retirada de escombros y la reestructuración medioambiental. Pero mientras sigue ahí. «El urbanismo incontrolado provoca la crisis, no la resuelve», zanjan desde Greenpeace. Los habitantes de la zona sueñan con un trabajo, «el que sea», en el hotel. Temen la quizás inevitable desaparición de la esperanza de hormigón blanco. «España no está para gastarse dinero en derribos sino para que se creen empleos. Mira cómo estamos. Es una pena que nadie se dé cuenta», concluye el portavoz vecinal.

Un asunto sin solución
1997
La Junta hace Algarrobico urbanizable. La ley de Costas (1988), establece en 100 metros el límite de edificación con la costa
2003
Se concede la licencia de obras a Azata del Sol S.L. La construcción comienza a menos de 50 metros de la orilla
2006
Un juzgado decreta la paralización cautelar de las obras tras la denuncia de los ecologistas. El Ayuntamiento y la promotora recurren
2011
Los ecologistas piden la demolición, los vecinos la apertura y las Administraciones se contradicen. Falta la sentencia del TSJA