El CNT libio acepta el gobierno de transición presentado por el primer ministro

El anuncio del gobierno transitorio libio, que deberá organizar unas elecciones parlamentarias en el plazo de siete meses, se había pospuesto en varias ocasiones desde el pasado mes de agosto.

El ministerio de Defensa será ocupado por Osama Yawili, jefe del Consejo Militar de Zintan, ciudad donde se encuentra detenido el hijo de Muamar El Gadafi, Saif al Islam, desde el pasado día 19.

Otra de las principales carteras del nuevo ejecutivo, la de Interior, ha recaído en Fawzi Abdelal, representante de la ciudad de Misrata, una de las localidades que jugó un mayor papel en la lucha armada contra el régimen de Gadafi.

Asimismo, el jefe de la diplomacia será Ashur Ben Jayal, mientras que el ministerio del Petróleo recaerá en Abderrahman Ben Yazza, antiguo directivo de la petrolera italiana INE.

El titular de Finanzas será Hocin Deglan y de Economía, Tahar Serkez. Los nombres de los responsables de algunas carteras, como el de Osama Yawili, habían trascendido en los últimos dos días. Sin embargo, otros nombres que habían sido filtrados por fuentes cercanas a las negociaciones no aparecen en la lista definitiva leída por Al Kib.

El Gobierno de transición, que definitivamente no cuenta con Ministerio de Información, sí incluye un Ministerio de Juventud y Deporte, así como otro que se encargará de las familias de los fallecidos en el conflicto armado, que estalló el 17 febrero y finalizó el pasado 20 de octubre con la caída del último bastión gadafista, Sirte.

Al Kib cuenta, asimismo, a partir de ahora con dos vicepresidentes del Ejecutivo, Mustafa Bushakur y Omar Abdelkarim. Tras leer la lista de los nuevos ministros el primer ministro destacó sus capacidades y subrayó que representan a "todas las ciudades libias". También hizo hincapié en que los "revolucionarios", en referencia a los milicianos que participaron en el conflicto armado, están bien representados en el equipo de gobierno.

Asimismo, defendió la presencia de ministros que habían ocupado puestos de responsabilidad en el antiguo régimen, asegurando que si existen pruebas sobre su implicación en cualquier tipo de delito, abandonarán sus cargos.