El empresario de Aglomerados Morell admite que el ERE «no era necesario»

SEVILLA- El administrador de Aglomerados Morell e imputado en la causa por la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, Luis Morell Muñoz, ha reconocido que los despidos correspondientes al ERE promovido en 2006 por esta sociedad, de cara a su traslado a Villanueva del Río y Minas (Sevilla), «no eran algo necesario» para la empresa en cuestión. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la citada partida 31L, el denominado «fondo de reptiles», fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública. El ERE de Aglomerados Morell se tradujo en 24 prejubilaciones entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla, una de ellas, el presidente honorífico de la empresa y padre del propio administrador de esta sociedad. La socialista María José Cervantes, alcaldesa de Villanueva del Río y Minas en aquellos años y actual directora de área en la Diputación provincial, prestó además declaración como imputada ante los investigadores de la Guardia Civil.

Conflicto Junta-Apra Leven
De otro lado, la aseguradora belga Apra Leven ha remitido un escrito ante la Audiencia Nacional donde apunta a «los reiterados incumplimientos» de la Junta en relación con «sus obligaciones de pago» como uno de los «responsables de la gravísima e insostenible situación de desbalance patrimonial que Apra Leven venía padeciendo». En un escrito remitido por la empresa al juzgado central de instrucción número 6, se alude como una de las causas de la situación de «deriva patrimonial» que sufre la aseguradora, a «los reiterados incumplimientos de la Junta de Andalucía en relación con sus obligaciones de pagos frente a Apra Leven, que suman unos 36 millones».