Amplían en la Fiscalía la denuncia por usurpación de funciones en las agencias

SEVILLA- A finales de octubre ya se dirigió una denuncia por la usurpación de potestades públicas de trabajadores de Tragsa y de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). La última, remitida ayer a la Fiscalía y a la jefe de la Inspección General de Servicios, Asunción Vázquez, también es iniciativa de Pedro Ruiz Trillo, funcionario y miembro de la Junta de Personal por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja). Amplía las irregularidades a nuevos trabajadores de Tragsa y de Agapa, además de otras agencias: la de Medio Ambiente y Agua y la del Servicio Andaluz de Empleo.

Según consta en la denuncia, personal de estas agencias, «en las sedes de los centros directivos de sus respectivas consejerías, servicios centrales y delegaciones provinciales desempeñan y ejecutan funciones reservadas por la legislación vigente en exclusiva a los funcionarios». Concretamente, «acceso a bases de datos restringidas por la Consejería de Hacienda y Función Pública sólo a personal funcionario», «tramitación y gestión integral de subvenciones», «control e inspección de campo de las subvenciones» y «control y registro de entrada de documentos de ciudadanos, en sus relaciones administrativas con las administraciones públicas». En las denuncias, basadas en «actuaciones comunicadas por cientos de funcionarios de las consejerías de Medio Ambiente, Empleo, Cultura y Agricultura y Pesca», se detalla, asimismo, que a cualquier empleado público lo habilitan para ello, entre otros documentos, «el acto administrativo publicado en el BOJA (...), en el que conste fecha y año de superación de proceso selectivo de acceso a empleo público». De no existir, «este personal no está habilitado para el desempeño de ninguna competencia y función público-administrativa». De ahí que inste al Ministerio Fiscal a que impida «actuaciones susceptibles de incurrir en tipos delictivos que socavan la seguridad jurídica de los ciudadanos». Y que «depure las responsabilidades penales que en su caso correspondan». Se pone el acento en posibles delitos de prevaricación, nombramiento ilegal y usurpación de funciones públicas.

Un informe que no repita el del «caso Matsa»
El escrito dirigido a la responsable de la Inspección General de Servicios, Asunción Vázquez, hace alusión al estudio que elabora actualmente este organismo para comprobar que en las nuevas agencias las potestades administrativas están siendo ejercidas por personal funcionario, tal y como establece la ley. LA RAZÓN ya adelantó que en el tiempo en el que Asunción Vázquez desempeñó los cargos de coordinadora general de la Secretaría General y de secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente –entre 2002 y 2008–, en este departamente se produjo una incesante incorporación de personal externo. En este sentido, la denuncia señala que «la señora Asunción ha amparado el vaciamiento de competencias y de funciones públicas del personal funcionario, en su etapa de diez años como máxima responsable en materia de organización administrativa en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente». Asimismo, avisa de que el informe que elabora la Inspección «en ningún caso puede recoger pareceres y conclusiones subjetivas (...) como ocurrió en el caso Matsa». Fue la Inspección la que elaboró el informe que exculpó a Manuel Chaves por la concesión de una subvención de más de diez millones a la empresa en la que trabajaba su hija. El TSJA consideró que la Junta trató de exculpar «ab initio» –desde el principio– al ex presidente andaluz.