370 millones para prevenir inundaciones sin ejecutar

Según denunció el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el Gobierno andaluz ha dejado de ejecutar obras del plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces por un importe de 370 millones en los últimos años, cantidad que hubiera servido para que municipios como Écija o Lora del Río no se hubieran anegado.


El PP achaca la responsabilidad de esta falta de previsión a la Agencia Andaluza del Agua. Este ente instrumental que depende de la Consejería de Medio Ambiente se creó en 2005 y desde entonces ha dejado de ejecutar obras por un importe de 833 millones, el 45 por ciento de sus inversiones previstas. Entre ellas, se incluyen desde infraestructuras para la depuración de aguas residuales hasta obras contempladas en el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, aprobado en 2002. Los cálculos del PP son que a este segundo objetivo son imputables los 370 millones citados.

En el inventario de puntos de riesgo publicado en el anexo del decreto del plan de prevención de inundaciones –BOJA de 3 de agosto de 2002–, aparecen identificados todos los municipios afectados por el último temporal. Es el caso de los pueblos cordobeses de Villa del Río, Castro del Río, Palma del Río, Aguilar de la Frontera, El Carpio, La Granjuela y Villafranca; los sevillanos Écija y Lora del Río; o los jienenses de Villanueva o Andújar. En la mayoría de ellos, el propio decreto los identifica con un nivel de riesgo «A» o «B», los más altos.

Ante esta reacción «tardía» y la respuesta «insuficiente» de la Junta, Sanz insistió en la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento para que, con la colaboración de todos los partidos, se elabore un plan para acabar con las riadas. Entre las medidas urgentes e inmediatas que se deben adoptar, según el secretario general de los populares andaluces, se encuentra la elaboración de un catálogo de viviendas inundables; la activación de las actuaciones necesarias para eliminar puntos de riesgo, con calendario y fechas ciertas de ejecución; la puesta en marcha de un plan de limpieza en ríos y arroyos; la revisión de los protocolos de seguridad en embalses, y un cambio en la administración hidráulica para reconvertirla en una administración «especializada».

En este sentido, criticó que en Andalucía no se respeta la «unidad de cuenca» y los desembalses se autorizan desde las delegaciones provinciales de la Agencia Andaluza del Agua.

Por ese motivo, exigió la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para no esperar a que el Parlamento habilite el nuevo periodo de sesiones.
También reclamó la creación de un fondo permanente de indemnizaciones para situaciones de emergencia y catástrofes y que se acelere el pago de las ayudas por los temporales de 2009 y principios de 2010.