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La Ley cae sobre Garzón

Tiempo de lectura 4 min.

15 de mayo de 2010. 03:31h

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15/5/2010

El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad suspender al juez Baltasar Garzón después de que se declarara abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar el franquismo. El máximo órgano de gobierno de los jueces actuó sobre Garzón conforme a lo dispuesto en el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando haya lugar a proceder en su contra por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 abandona de forma automática la Audiencia Nacional hasta que no se dicte sentencia absolutoria o sobreseimiento de la causa respecto a la cual el juez Varela le ha sentado en el banquillo. Además, ha declarado ya como imputado en las querellas admitidas  por los cobros que obtuvo de la Universidad de Nueva York y por haber intervenido las comunicaciones de los cabecillas de la trama «Gürtel» con sus abogados en prisión.

Los 17 vocales y el presidente del Consejo que apoyaron la inhabilitación cumplieron con la legalidad de forma escrupulosa. Quienes esperaran o alentaran otro desenlace se movieron por motivaciones de índole muy distinta a la jurídica. Nos resulta, sin embargo, sorprendente que los vocales denominados progresistas reclamaran que la votación fuera secreta. No alcanzamos a comprender lo que se proponían con una maniobra que aportó una confusión innecesaria, dada la nitidez de lo establecido por la Ley. Ahora, los procesos continuarán con normalidad en el Supremo sin que prejuzguemos la suerte final del magistrado, que, en todo caso, tiene un horizonte complejo, aunque, eso sí, goza de todo derecho a la presunción de inocencia, como cualquier otro ciudadano sometido a la Justicia.

El traslado a la Corte Penal Internacional quedó a la espera de que la Comisión Permanente del Consejo reciba nuevos informes sobre la conveniencia de la concesión del servicio especial solicitado. En cualquier caso, que Garzón desempeñe funciones representativas a nivel internacional, como las que le esperan en La Haya, es poco razonable y difícilmente justificable cuando está suspendido e inmerso en tres procesos, por mucho que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya emitido un informe favorable con una rapidez inusitada.

Tras más de dos décadas en la Audiencia Nacional, Garzón, se quiera o no, sale por la puerta pequeña. El juez estrella, protagonista de la vida judicial y política del país durante tantos años, capaz de importantes servicios a la Justicia y de actuaciones más que polémicas, se topó de bruces con la aplicación de la Ley. Ni más ni menos. Pese a las lecturas manipuladas y las campañas de agitación de sus partidarios, Garzón se sentará en el banquillo por, supuestamente, tomar decisiones a sabiendas de que eran injustas, sin que la Memoria Histórica tenga vela en este asunto. Responderá como un ciudadano más, porque en democracia no puede haber espacios de impunidad. Lo ocurrido ayer es, sobre todo, un triunfo del Estado de Derecho.

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