Un informe jurídico eliminó un trabajo de ocho meses

Sevilla- Las consejeras de la Cámara de Cuentas a propuesta del PP –Amelia Martínez, María José Camilleri y Sandra Garrido– consideran que «la modificación y eliminación» de varios de los párrafos del informe de fiscalización de los ERE «desvirtúan las conclusiones expuestas por los técnicos en el Anteproyecto». El voto particular de Amelia Martínez –al que se adhieren las otras dos consejeras– se muestra muy crítico con la labor del gabinete jurídico del órgano fiscalizador, al que responsabiliza de la mutilación del trabajo original.

El voto particular recuerda que durante ocho meses, tres auditores y tres técnicos de auditoría analizaron las ayudas sociolaborales objeto de la fiscalización. El borrador fue aprobado por los consejeros responsables del trabajo el 18 de mayo. El 23 de ese mes, una comisión técnica analizó el borrador, una especie de «control de calidad». De nuevo, los consejeros le dieron el visto bueno y pasó a categoría de anteproyecto, publicándose en la intranet. Poco después se filtró –con el enfado de la Junta de Andalucía– y el Pleno de la Cámara encargó el 1 de junio «un dictamen sobre la totalidad del contenido del informe» al gabinete jurídico de la institución. Ahí cambió todo.

«Dicho dictamen jurídico, debido a su naturaleza y al contrario de lo que sucedió con el Anteproyecto de Informe al que corrige sustancialmente, no es sometido ni a aprobación por el Pleno ni a ningún tipo de revisión técnica, siendo, sin embargo, utilizado como pretexto para la profunda modificación que ha sufrido el Anteproyecto...», argumenta la consejera a propuesta del PP.

Es ese dictamen jurídico el que abre la puerta a eliminar párrafos sustanciales como el de las modificaciones presupuestarias aprobadas por Griñán. Dice el voto discrepante que «además de no tener soporte técnico alguno, supone la omisión de una información necesaria para la correcta comprensión de la totalidad del informe».

Tampoco están conformes con la introducción de párrafos que atribuyen al Parlamento responsabilidad en la aprobación de las transferencias de financiación para pagar los ERE. «La simple aprobación del Presupuesto no ‘legaliza' el uso que se hizo de estas transferencias, que en todo caso debieron destinarse a las finalidades previstas por la propia ley presupuestaria».

Igualmente, el informe definitivo modifica el párrafo 277 para incluir una referencia al decreto recientemente aprobado por la Junta para otorgar las ayudas sociolaborales, a las que «no les es de aplicación la normativa general sobre subvenciones públicas», una manera de salvaguardar la gestión de los años anteriores –en los que supuestamente se vulneró la Ley de General de Subvenciones–. La Cámara lo incluye, mientras que las consejeras del PP creen que no debe ir en el cuerpo del informe. En total, el voto particular rechaza la nueva redacción de 7 párrafos, la inserción de 3 más y la eliminación de 2.