El PP alerta de que «blindar» el centro limita derechos constitucionales

Agotando el plazo de presentación de alegaciones a la modificación de la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas impulsada por el equipo de Gobierno para «blindar» el casco histórico, el Partido Popular formalizó ayer sus objeciones alertando de las «limitaciones de derechos constitucionales» que impone el proyecto municipal y reclamando directamente «que no existan restricciones generales en los accesos al centro».

El portavoz municipal y candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido, explicó las seis alegaciones de su partido ante representantes de 25 asociaciones vecinales tanto del centro como de la periferia, recalcando que las «prohibiciones» que pretenden «imponer» el PSOE e Izquierda Unida a los conductores no residentes ni autorizados en las áreas afectadas perjudican «a todos los sevillanos y a los visitantes».

Zoido insistió en que esas restricciones al tráfico rodado implican serias «limitaciones» sobre las «libertades de circulación y tránsito» reconocidas en la Constitución Española. El dirigente popular evitó adelantar los próximos movimientos de su partido, pero no descartó que finalmente recurra a los tribunales para reivindicar el cumplimiento de estos derechos.

De momento, el PP se limita a confiar en que el Gobierno local «al menos reflexione» sobre sus alegaciones, que recuerdan expresamente que cualquier limitación de las libertades públicas exige «una motivación y unas alternativas» que, en su opinión, no están justificadas en la reforma normativa en ciernes.

Ante el empeño del Gobierno local por «aislar zonas enteras» del corazón de la ciudad, los populares subrayan que «no existe transporte público suficiente». Zoido destacó que el plan municipal «condena a los vecinos de Torreblanca, Sevilla Este o Bami a no ir al centro», porque en los autobuses de Tussam ya «tardan una hora», «no hay suficientes aparcamientos en la corona del casco histórico» para optar por el vehículo privado y el metro «sólo es un dibujo de las nuevas líneas».

En estas condiciones, el PP reclama en sus alegaciones que se renuncie a la implantación de cualquier restricción en los accesos al casco histórico, esperando a que «esté en funcionamiento el metro en su red de estaciones completas por el centro y a la ampliación de una red de aparcamientos disuasorios y de un verdadero sistema de lanzaderas, eficiente y de bajo coste».

Para la oposición, ni siquiera es válido el argumento del colapso circulatorio del centro, ya que «cualquier avenida es más transitada» que estas calles. Por lo demás, los populares reiteran que no existen más «causas objetivas y razonables que justifiquen» unas restricciones al tráfico que representan «una clara discriminación para los ciudadanos».

Ya en términos políticos, Zoido también lamentó esta «osadía al final de la legislatura», de la mano de un alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, «que será historia a partir del próximo 22 de mayo». El candidato popular repitió que, si gana las elecciones municipales, en el primer Pleno derogará la ordenanza reformada para restituir el libre acceso al centro.