Andalucía lidera el ránking de morosidad sanitaria

El sistema sanitario español revienta. La crisis económica y una falta de previsión sin precedentes han dejado las arcas autonómicas tiritando y sin capacidad para afrontar los pagos más elementales cuando aún restan casi dos meses para que concluya el año

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Los datos que atestiguan esta situación de auténtica bancarrota se suceden semana a semana, y empiezan a manifestarse por medio de recortes en hospitales y centros de salud de todo el país, aunque el último de todos, el referente a los retrasos en el abono de las facturas a los proveedores de productos y tecnología sanitaria, es absolutamente demoledor.
Ante la creciente bola de nieve que se les ha venido encima, las comunidades han optado por dos caminos: unas tratan de saldar sus deudas lo más rápido posible, lo que vacía de facto sus tesorerías.

Dilatar los pagos

Otras prefieren, en cambio, dilatar los pagos para poder disponer de algo de «cash» en sus cajas, lo que lastra al sector. De acuerdo con las últimas estadísticas que obran en poder de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Andalucía entraría dentro de este segundo grupo; de hecho, se sitúa a la cabeza en el porcentaje de dinero adeudado –el 24,53 por ciento del total–, y es también uno de los feudos autonómicos que más se retrasan en abonar las facturas sanitarias –464 días–, sólo por detrás de comunidades morosas como Cantabria, Murcia, Baleares, Castilla y León y Valencia.

En conjunto, la comunidad gobernada por José Antonio Griñán adeuda a los proveedores de productos sanitarios la friolera de 846,2 millones de euros, de acuerdo con los datos de los que dispone la patronal Fenin, correspondientes al 30 de septiembre de este mismo año.

El doble que la siguiente

Se da la circunstancia de que el débito de esta comunidad casi dobla al de la siguiente autonomía en el orden de morosidad, la Comunidad Valenciana, que tiene pendientes de pago facturas a los proveedores por importe de 565,8 millones de euros. A las dos comunidades autónomas que figuran a continuación en este particular ránking de morosos las dobla con creces: Castilla y León, por ejemplo, debe 398,82 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid adeuda 367,08 millones a las empresas que operan en el sector. Pese al volumen de su deuda, están lejos de las cifras de Andalucía. De este modo, se demuestra que la Sanidad andaluza no sólo está en cabeza por ser la autonomía más grande, sino por su manera de gestionar los pagos a los proveedores.

En el lado opuesto de la balanza se sitúan, dado su pequeño territorio, Ceuta y Melilla. Les siguen las comunidades de Navarra, La Rioja, Extremadura y el País Vasco. Esta última debe 55,89 millones de euros; las dos primeras regiones, apenas 2,415 millones.

Cada vez más

Los datos de Fenin revelan que el conjunto del Sistema Nacional de Salud arrastra una deuda total de 3.457,2 millones de euros con los proveedores de productos y tecnología sanitaria ajenos a los medicamentos, a 30 de septiembre. Entre dichos productos figuran desde las gasas y las jeringuillas que se utilizan a diario en todos los hospitales españoles, hasta el equipo más puntero de diagnóstico por imagen o la última generación de robots quirúrgicos.

El pasado mes de junio, la cifra de deuda de las autonomías con este sector rondaba los 3.100 millones, por lo que en sólo un trimestre ha aumentado por encima de los 350 millones. En lo que se refiere al tiempo medio de pago, también ha aumentado en el último trimestre. El pasado 30 de septiembre se cifraba en 299 días. En junio, la demora era 23 días inferior: de 276 días.


Las farmacias también son acreedoras
No sólo las grandes empresas, como los proveedores de tecnología sanitaria y los laboratorios farmacéuticos, son acreedores de las comunidades autónomas. También a los farmacéuticos de a pie se les debe dinero. En comunidades como la catalana, la falta de liquidez de la Generalitat ha hecho que los colegios tarden hasta 60 días en cobrar por los productos que dispensan a través de receta médica. El Ejecutivo catalán había acordado que pagaría en un máximo de 35 días, por lo que la preocupación en el colectivo crece, pues se teme que la falta de liquidez le perjudique.