Andalucía

Arenas propone un pacto de austeridad entre todas las administraciones

El presidente del PP-A asegura que el 80 por ciento de la deuda descansa en la gestión del Gobierno central.

Javier Arenas, durante su intervención en el foro «Andalucía Capaz», inaugurado ayer en Málaga
Javier Arenas, durante su intervención en el foro «Andalucía Capaz», inaugurado ayer en Málagalarazon

Málaga- El vicesecretario de Política Territorial y presidente del PP-A, Javier Arenas, propuso ayer un «gran pacto de austeridad» que vincule a ayuntamientos, a comunidades autónomas y al Estado, con el objetivo de reducir el déficit público.
En el acto de presentación del foro «Andalucía capaz», en la capital malagueña, que impulsa el PP andaluz, el presidente regional de la formación argumentó que «es falso que el problema sea exclusivamente de ayuntamientos o comunidades autónomas», al recordar que «el ochenta por ciento de la deuda descansa hoy en la gestión del Gobierno central».
El dirigente popular planteó la iniciativa días después de que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reclamara mayor control de los presupuestos de las comunidades autónomas y entidades locales al creer que el menor compromiso de estas administraciones puede poner en riesgo el objetivo de contener y reducir el déficit público. Según Arenas, «los que aplican en España esa austeridad son sólo las familias, las pymes y los autónomos» y aludió al Gobierno andaluz para criticar «que no tenga ninguna capacidad de autocrítica» sobre este terreno económico.
Argumentó que el primer ejemplo que impulsará el Ejecutivo autonómico en caso de ser gobernado por el Partido Popular será «recortar en todo excepto en educación porque hacerlo supondría un suicidio; en sanidad; y en servicios sociales».
Arenas insistió en materializar una reforma educativa para estudiar desde Primaria la cultura emprendedora en Andalucía y para conseguir «que haya una cierta distancia entre el profesor y el alumno».
Además, defendió la necesidad de efectuar recortes en «coches oficiales o móviles –más de 37.000, según denunció recientemente el Partido Popular–, personal político, asesores, y altos cargos», al tiempo que abogó por «acabar con el despilfarro».
En su opinión, también hay que «reducir el peso político en la Administración, donde como mínimo sobra un 50 por ciento de altos cargos».