El CGPJ insta un Pacto de Estado para agilizar la Justicia en esta legislatura

MADRID- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece haber aparcado momentáneamente las diferencias entre el sector «progresista» y el «conservador» para intentar agilizar cuanto antes la Administración de Justicia. El órgano de gobierno de los jueces pretende promover un Pacto de Estado que permita aprobar, en la recta final de la legislatura, reformas legislativas claves para que la Justicia goce de buena salud en los próximos años. Así lo anunciaron ayer el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa; la portavoz de la institución, Gabriela Bravo; y el vocal José Manuel Gómez Benítez, una comparecencia conjunta con «un significado político claro», según admitió este último.
Tarea tienen por delante. La primera, convencer a los dos grandes partidos para que, por una vez, orillen sus reproches y se pongan manos a la obra para aprobar las leyes que la Justicia necesita si quiere ponerse al día. De momento, los contactos con los grupos parlamentarios han sido «positivos».
Uno de los objetivos es descargar de asuntos al Tribunal Supremo. ¿Cómo? Limitando la posibilidad de recurrir en los juicios verbales (hasta 6.000 euros) y, en el caso del recurso de casación, elevando la cuantía mínima de 150.000 a 800.00 euros. Reformar el secreto de sumario y eliminar antes de cinco años el papel en todos los tribunales son otros de los propósitos de las reformas.
El acuerdo del Pleno del Consejo, aprobado por unanimidad, contó sin embargo con los votos particulares de los vocales Concepción Espejel y Claro José Fernández, que entienden que el límite de 6.000 euros en los juicios verbales es «excesivo» y que la ampliación a 800.000 en la casación convertirá las sentencias en «prácticamente irrecurribles».