Ecologistas: «La Junta vive un romance permanente con gestores ‘sucios'»

SEVILLA- «la contaminación industrial de Huelva ha sido reconocida como la más grave de Europa, según el Parlamento de la UE, y Fertiberia tiene gran parte de la responsabilidad de ésta, a escasos 500 metros de la ciudad». Es la reacción del delegado territorial de Greenpeace en Andalucía, Juan de Dios Fernández Carmona, tras conocer que la que fuera consejera de Medio Ambiente de la Junta, Cinta Castillo, y el ex titular de Presidencia, Gaspar Zarrías, comprometieron dinero del «fondo de reptiles» –partida presupuestaria 31L– para sufragar «aproximadamente el 50 por ciento» del coste del reajuste laboral de la empresa. Un acuerdo que, como desveló LA RAZÓN, asumió con posterioridad la Dirección General de Trabajo, según consta en un documento fechado el 15 de marzo de 2010 y en el que aparece el nombre del actual director del departamento, Daniel Alberto Rivera Gómez, aunque no está firmado.

Para la «multinacional verde» «ha de ser Fertiberia y no la Administración quien asuma todos los costes derivados de su actividad industrial, empezando por la retirada de los residuos y la descontaminación de la zona» que ha ocupado en las inmediaciones de la capital onubense. En ese sentido, recuerda que en 2010 la Audiencia Nacional obligó a la química a cesar de verter los residuos de su actividad –fosfoyesos– que, sin embargo, «siguen estando» acumulados en balsas.

De hecho, según los datos que maneja Greenpeace, «actualmente existen 120 millones de toneladas de fosfoyesos, que contienen metales pesados y elevadas concentraciones de uranio 238 –elemento radiactivo–, enterrados a escasa profundidad y arrojados a lo largo de 1.200 hectáreas de las marismas del Tinto», advierte su portavoz en la comunidad. La organización reclama que se «materialice» el principio de «quien contamina paga», reflejado en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento europeo. A éste se refiere también el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, para criticar: «En Andalucía a quien contamina se le paga, no paga ni repara». «La Junta es muy amiga de los contaminadores, de los gestores ‘sucios' –añade–. Vive un romance permanente con ellos». Si algo define las relaciones Ejecutivo andaluz-Polo Químico onubense, en opinión de Romero, es la «defensa a ultranza» del segundo por parte del primero. En el caso concreto de Fertiberia, recuerda que «le concedieron la Autorización Ambiental Integrada (AAI), aún a sabiendas de que había irregularidades para no dársela por un uso erróneo de las marismas». Lamenta que la Administración regional haya permitido «la consolidación de un vertedero de fosfoyesos en un bien público».

«La industria tiene que ser un activo importante –defiende– pero tiene que asumir sus costes. La sociedad no tiene por qué pagar las consecuencias de su actividad». Tras conocer las presuntas ayudas del «fondo de reptiles» exige airear la «trastienda» de subvenciones similares y reclama luz y taquígrafos para «dar cuenta de todo lo que se haya hecho».

Por su parte, Juan José Carmona, de WWF/Adena, lo tiene claro: «No puede ser que los beneficios se privaticen y los costes se socialicen siempre». Aboga por que las ayudas públicas «vayan a parar a manos de empresas con producciones más sostenibles, más verdes». Las tres organizaciones coinciden en pedir a la Junta que exija a las concesionarias de fondos públicos garantías para afrontar «desmanes» medioambientales. Tareas de limpieza que generarían empleos y evitarían ERE.

Claves de un largo proceso
1. Permiso caducoFertiberia contaba con una concesión administrativa para verter fosfoyesos, residuo de su actividad, que venció en 2003.
2. La Audiencia sentenciaLa Audiencia Nacional falló en junio de 2007 que se declaraba conforme a derecho la orden de caducidad, pese a la oposición de la química.
3. Adelanto del ceseEn diciembre de 2009 la Audiencia acordó la ejecución de la primera sentencia al entender que la empresa había tenido «un espacio temporal dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación». Adelanta de 2012 a 2010 el cese de los vertidos. El PSOE habló entonces de «elemento de presión inncesario».
4. Vertidos y ERE El expediente de Fertiberia consta de varios ERE. ¿El último? Del 26 de noviembre de 2009. El coste de las pólizas rondaría los 16 millones.