«Presentaré un recurso cada día lunes martes hasta que salga sin fianza»

SEVILLA- El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta movió ayer ficha. Rebajó de 150.000 a 50.000 euros la fianza impuesta por la juez Mercedes Alaya al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ingresado en la prisión Sevilla-I desde el pasado marzo por su presunta implicación en el caso.

En un auto dictado por el juez Iván Escalera,que cubre una baja por enfermedad de Alaya desde septiembre, estima de forma parcial el recurso que reclamaba la puesta en libertad sin fianza de Guerrero presentado por su abogado, Fernando de Pablo. Si bien, el magistrado entiende que persiste el riesgo de fuga y el peligro de que el ex director general pueda influir sobre otros testigos o imputados, una vez que haya recuperado su libertad.
El fallo del juzgado número 6 se ha producido sólo dos días después de que la Audiencia Provincial de Sevilla ordenase la puesta en libertad sin fianza para el que fuera chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien en sede judicial ratificó su declaración a los investigadores en la que implicaba a su ex jefe en el despilfarro de fondos públicos en fiestas, regalos y en consumo de cocaína.

Tras la salida de la cárcel de Trujillo, De Pablo confiaba en que se pudiera repetir la fotografía con su cliente como protagonista sin tener que abonar ninguna cantidad. Con todo, aseguró a LA RAZÓN que se pondrá como «objetivo» intentar reunir los 50.000 euros. Aunque matizó que, de partida: «No vamos a poder hacerlo». Lo que sí tiene claro el letrado es que va «a seguir por el camino de la Audiencia». Es decir, tiene intención de recurrir en apelación la negativa a la libertad sin fianza para Guerrero ante el mismo tribunal que ordenó la del ex chófer, entre otras razones, para evitar «agravios» comparativos entre la situación personal de Trujillo y la de otros imputados en la causa de los ERE que no han pisado una celda. Ambos han estado entre rejas más de siete meses.

De Pablo adelantó a este periódico que presentará ese recurso la semana que viene, «incluso uno cada día si hace falta. El lunes, el martes...», deslizó, hasta lograr que su representado abandone Sevilla I «sin nada», es decir, sin depositar fianza alguna. Mientras, la familia volverá a «moverse» para intentar reunir los 50.000 euros fijados ahora por el juzgado sevillano. Cabe recordar que la primera cuantía que le impuso Alaya al ex alto cargo de Empleo fue de 250.000 euros, rebajados a 150.000 el 20 de septiembre.

El círculo del imputado siempre ha mantenido que «lo tiene todo embargado, debido a la responsabilidad civil a la que tiene que hacer frente, y no posee nada para avalar un préstamo» con el que abonar el pago. En ese escenario, el propio Guerrero, imputado por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, entre otros, proporcionó a sus familiares un listado de personas a las que pedir ayuda. De hecho, se puso en marcha una campaña en la que vía «sms» se apeló a la sensibilidad de amigos y conocidos. Una iniciativa que, según reconoció De Pablo fue «mal» y no se logró reunir ni la cifra necesaria en las nuevas circunstancias.

El único en prisión
De los 69 imputados en el «caso ERE», Guerrero es el único que permanece en prisión tras dejar Trujillo las instalaciones penitenciarias de Morón de la Frontera y que el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, pudiera volver a su domicilio en agosto, una vez depositó los 450.000 euros en los que se estableció su libertad.

Alaya decretó prisión contra el ex director general y le impuso una fianza civil de 686 millones de euros para responder por 456 millones en prestaciones sociolaborales, 59 en ayudas a empresas y tres millones en primas por «intrusos –personas que nunca trabajaron en las sociedades beneficiadas–», entre los que estaba su suegra. Todo ello entre 1999 y 2008, cuando dirigía Trabajo.