«Turismo abortivo» en las clínicas de Morín

También desde centros hospitalarios españoles se facilitaron tarjetas con los teléfonos de las clínicas de Morín, donde los obstáculos eran menos que mínimos, hasta el punto de que una situación de parto prematuro de un «niño esperado» de 28 semanas acabó en aborto.

Los testimonios de que en las clínicas TCB o Ginemedex se propiciaban una especie de «turismo europeo para abortar» proceden de las propias mujeres que interrumpieron allí sus embarazos, testimonios y diligencias a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Así se ha dado la paradoja de que en el caso de la holandesa, que también tenía nacionalidad marroquí, la Fiscalía de su país abrió un procedimiento penal al considerarla sospechosa de «haber matado a un bebé que todavía no había nacido, visto que llevaba más de 22 semanas de embarazo», en concreto 27. Sin embargo, en la documentación incautada en la clínica figuraba que se encontraba de 22 semanas.

En relación con este caso, la investigación se inició después de que, en noviembre de 2007, un hermano del novio de la joven comunicase a la Policía que éste había «desaparecido» una semana y que, cuando regresó, comprobó cómo el embarazo «había desaparecido». Los agentes holandeses se pusieron en contacto con el joven, que argumentó que su novia dio a luz a un niño sin vida en un hospital. Esta versión no fue creída por la Policía, que se trasladó al centro en cuestión, descubriendo que había mentido. Esto fue determinante para iniciar la investigación. Dos policías visitaron a la obstetra que la atendía, que confirmó que en la última revisión se encontraba de 25 semanas y que todo era un «embarazo normal».

«Clientela» francesa
Las investigaciones determinaron que la chica viajó en noviembre hasta Barcelona para abortar, lo que, presuntamente, llevó a cabo en Ginemedex. También determinaron que había llamado desde Holanda a un número de Barcelona. La respuesta de las autoridades españolas confirmó que se practicó ese aborto en la clínica de Morín. Guardias Civiles que llevaban a cabo las investigaciones aportaron a la Justicia holandesa fotografías de una mujer que podía ser, por su aspecto, la aludida por la Fiscalía. En esas imágenes se observa a una pareja extranjera saliendo de Ginemedex y regresando a la misma pocas horas después. Finalmente, volvieron a salir y cogieron un coche con matrícula holandesa. «De las gestiones practicadas y de los datos obrantes en los documentos clínicos que obran en esta unidad, se sabe que (...) tuvo una interrupción del embarazo en la clínica Ginemedex de Barcelona».

De Francia también llegaban «clientes» que no pudieron interrumpir legalmente sus embarazos. Una de las chicas declaró ante la Policía Judicial gala, en respuesta a una comisión rogatoria cursada por la magistrada Elisabet Castelló, que cuando abortó estaba de «22 o 23 semanas».

Narró que en un primer momento se trasladó a una clínica de Gerona que conoció a través de internet y que fue allí donde le dieron la dirección de Ginemedex, donde le confirmaron que estaba de 24 semanas. Allí, sus padres pagaron 2.500 euros, sin recibir factura, y ella firmó «un buen número de documentos», pero que en ningún caso rellenó cuestionario alguno. Sobre si se entrevistó con algún psiquiatra, como exige la ley, la joven fue sincera: «No fui a ver a ningún psiquiatra porque yo no tenía problemas de ese tipo».

Sin atención psiquiátrica
Otra joven francesa también puso fin a su embarazo en otra clínica de Morín. El motivo era que superaba el «tope de gestación» de 22 semanas. Primero, intentó abortar en un hospital de Dijon, acompañada de sus padres. Allí les dieron «folletos de clínicas que practicaban la interrupción voluntaria del embarazo hasta 24 semanas en Holanda y en España». En un principio, no recordaba el nombre de la clínica, pero luego identificó que se trataba de TCB. El mismo día que llegó le practicaron la interrupción, sin que firmase ningún documento. También afirmó que no fue atendida en ningún momento por algún psiquiatra. Otra joven alemana se trasladó a Barcelona para poner fin a su gestación en una clínica de Morín, aunque se acogió a su derecho a no declarar.


El PP pide al Ayuntamiento de Barcelona que aclare el supuesto pago de abortos
LA RAZÓN publicó ayer una información sobre la supuesta entrega a una mujer, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de un cheque para poder abortar en una clínica de Morín. Por ello, el PP de Barcelona pedirá hoy «explicaciones» al Consistorio, afirmó ayer Ángeles Esteller, portavoz del grupo municipal en la Ciudad Condal. «Esta información es de una extrema gravedad», afirmó Esteller, que en ningún caso tenía constancia «de que ésto se produjera». Así, el PP pedirá al Área de Salud Pública del Ayuntamiento y al centro social del distrito de Ciudad Vella –donde, supuestamente, hizo entrega del cheque– que aclaren los hechos. El PP barcelonés recuerda que ha reclamado en varias ocasiones al regidor del Área Social «ayudas para que las embarazadas no tengan que recurrir al aborto».