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Colgarse medallas ajenas

Tiempo de lectura 4 min.

09 de marzo de 2011. 21:42h

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10/3/2011

Todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas y la defensa de la nación forma parte de lo que suele denominarse cuestión de Estado, y sus líneas fundamentales, que emanan de la Constitución, deben preservarse de la lucha partidista y el pugilato político. Así ha sido, en líneas generales, desde los años de la Transición, pero desde 2004 para acá se han producido varias fracturas de ese consenso debido al sectarismo del Gobierno socialista. Y como para muestra basta un botón, ayer la ofreció la ministra de Defensa al excluir al PP del acto que rememoraba el décimo aniversario del servicio militar. Para empezar, la supresión de la mili fue decisión y obra del Gobierno de Aznar, hecho que Carme Chacón ha pretendido ocultar no invitando al ministro que la hizo efectiva, Federico Trillo. Además de una descortesía, la actitud de la ministra socialista parecía atender más a sus objetivos de promoción interna en el partido que a un acto en torno al cual reflexionar sobre el derecho y el deber constitucional que es la defensa nacional. Por su sectarismo genético, el Gobierno ha malbaratado una excelente ocasión para cohesionar la relación entre la clase política y las Fuerzas Armadas. La supresión de la mili supuso un hito histórico en la organización y transformación de los ejércitos. La incorporación de España a las estructuras militares e institucionales de Europa, que puso fin a décadas de aislamiento, unida a la rápida transformación de nuestra sociedad, exigió la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la renovación tecnológica y una mayor eficiencia en la gestión. En este contexto, la utilidad y las bondades que rindió el servicio militar durante muchas décadas, verdadero elemento de cohesión social entre los españoles, no fueron suficientes para garantizar su supervivencia. Es revelador que fuera un presidente de Gobierno de derechas el que lo eliminara, aunque el término exacto es el de «suspensión», pues jurídicamente no ha sido suprimido. Por eso resulta especialmente deplorable la ceremonia organizada ayer por Chacón, como si quisiera ponerse a título póstumo una medalla con la que soñó la izquierda durante años. Al margen de que la mili se haya quedado obsoleta en la nueva estructura militar donde priman las instituciones supranacionales, lo cierto es que algunos de los valores que encarnaba no han sido recogidos por la sociedad civil, y el testigo de la defensa nacional ha quedado en manos exclusivas de los militares. Grave error que ningún Gobierno ha sabido o querido subsanar. Y más que error, un incumplimiento del artículo 30.1de la Constitución, que establece: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». No parece un asunto baladí y bien merecería un desarrollo legislativo para que todos los españoles, sean de la comunidad que sean, puedan ejercer un derecho del cual se derivan grandes beneficios para toda la sociedad, como la cohesión interna, la revalorización institucional, la coordinación para hacer frente a amenazas externas, no sólo militares, y el fortalecimiento democrático. Pero la empresa resultará baldía si es la propia ministra de Defensa la que actúa de modo inapropiado.

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