Los despidos de dos jefes de Desevilla no fueron por una venganza política

SEVILLA- El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha declarado procedentes los despidos de los dos ex altos cargos de la Fundación DeSevilla, Manuel Copete Núñez, en la imagen, y Miguel Ángel Sáiz, quienes demandaron al Ayuntamiento cuando se decidió su salida de la sociedad municipal, que en la actualidad se encuentra en un proceso de liquidación y sin actividad alguna.

Según asegura la sentencia fechada el pasado día 22 a la que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, «se rechaza la petición de la nulidad de los despidos» porque se hizo dentro de los márgenes establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y explica que no se trata de una decisión vinculada a la entrada del PP en el Gobierno municipal. Así, el juzgado entiende que «aceptando que la disolución y liquidación de la Fundación sea una decisión política del nuevo equipo de Gobierno municipal», en la misma manera que se tomó la de constituirla, «no puede afirmarse que las extinciones de los contratos vulneren su derecho fundamental a la libertad ideológica, ni tengan nada que ver con una supuesta, que no acreditada, actividad política de los demandantes». En este sentido, se abunda en que el fin de los contratos debe de calificarse como «procedente» al «haber quedado acreditadas las causas económicas» de la empresa, cuyo estado diagnostica de «grave situación de desequilibrio y pérdidas económicas persistentes de considerable entidad».

Tanto Copete como Sáiz desempeñaban labores directivas en la fundación, creada durante el mandato del PSOE para realizar políticas de ayudas al desarrollo, con un salario de 5.300 y 3.800 euros, respectivamente. Por su parte, la empresa municipal ha presentado saldos negativos en los últimos años, siendo el de 2010 de -1,5 millones de euros. Por esta razón, el juez señala que, aunque dentro de los intereses generales de las administraciones públicas se encuentre «la opción de favorecer un mayor nivel de empleo público», igualmente es admisible «el equilibrio presupuestario o el óptimo dimensionamiento de las estructuras administrativas». Así, se asegura que resulta «razonable la decisión de liquidar unos programas y una fundación cuya única justificación es precisamente la del gasto en determinadas políticas, que necesariamente deben ser sufragadas o subvencionadas por la Administración pública». Junto con la desestimación del despido improcedente, se condena a la Fundación a indemnizar a Copete y Sáiz con 12.000 euros correspondientes a los 20 días por año trabajado. Junto a ambos, también denunció su despido el ex asesor de Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, recolocado allí por el ex alcalde.