La juez ve insuficiente la información que da la Junta y pide copia de todos los ERE

Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en respuesta al escrito de la Junta del pasado 1 de marzo con un primer grupo de 39 irregularidades, respondió que debe entregar copia compulsada de la totalidad del expediente de cada una de las prejubilaciones.

El segundo grupo de otras 33 prejubilaciones bajo sospecha de las que dio cuenta el pasado jueves en consejero de Empleo, Manuel Recio, aún no ha llegado al juzgado. En total los presuntos «intrusos» en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo supera los 70.

El Gobierno andaluz ha analizado un total de 1.569 pólizas, pero todavía quedan 4.527, por lo que todo indica que la cifra será muy superior una vez culmine la investigación. Actualmente hay más de 70 expedientes de regulación de empleo «vivos».

Atendiendo a las mismas fuentes, dicha denuncia posiblemente haya sido repartida a alguno de los 20 juzgados de instrucción sevillanos, aunque necesariamente deberá ser remitida al juzgado número 6, a quien corresponde el caso por tener los antecedentes. No hay que olvidar que el juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense es el que ha llevado a cabo las diligencias del «caso Mercasevilla» desde que el PP interpusiera la primera denuncia, en abril de 2009. La grabación que aportaron los empresarios del Grupo La Raza en la que dirigentes de la lonja pública le pedían una comisión de 300.000 euros a cambio de recibir una subvención de 450.000 euros para una escuela de hostelería fue el primer fleco del escándalo.

La Policía Judicial está investigando el caso por orden de la juez, pero de momento sólo está dando cuenta a la Fiscalía, ya que el personamiento de la Junta aún no se ha hecho efectivo.

En línea paralela a la investigación judicial, el Gobierno andaluz sigue adelante con su investigación interna, que aún no tiene fecha de finalización. Por otra parte, el consejero de Empleo comparecerá mañana en Comisión parlamentaria para explicar los pormenores de la indagación que está haciendo el Ejecutivo. La Junta ha rechazado en cuatro ocasiones una comisión de investigación en la Cámara, pero no ha tenido resultados.

Por otro lado, la Junta de Andalucía admitió ayer que si la Intervención General de la Administración hubiera detectado «menoscabo de los fondos públicos» en la partida destinada a los ERE, «existe una vía para que pueda llegar incluso al seno del Consejo de Gobierno, pero que no existió en esta ocasión». En 2005, 2006 y 2007 sólo alertó de que el procedimiento en la gestión de los fondos no fue el correcto.