Más leña al fuego judicial de los ERE de Mercasevilla

Estos trabajadores dejaron de cobrar hace un año y medio, cuando la Junta de Andalucía paralizó los pagos y se desvinculó de la financiación de este procedimiento, alegando unas «irregularidades» que ahora se están investigando en los tribunales. Otros seis prejubilados están avanzando por este mismo camino judicial, pero de manera independiente y sin contar con los servicios jurídicos de las uniones provinciales de CC OO y UGT.

No obstante, en todos los casos las reclamaciones se dirigen contra los principales accionistas del mercado central de abastos, el Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio –responsable de las pólizas suscritas con los empleados prejubilados– y la consultora Vitalia Vida –asesora y mediadora en el ERE–.

A la espera de que esta demanda sea adjudicada a la sección correspondiente por la vía de lo Social, las regulaciones laborales del mercado central ya están implicadas en tres investigaciones judiciales de Instrucción.

El portavoz municipal adjunto del Partido Popular y exconsejero de la sociedad municipalizada Beltrán Pérez incluyó los ERE de 2003 y 2007 en su querella por delito societario, que desembocó en la tercera causa del «caso Mercasevilla» en manos de la titular del juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, junto a las presuntas comisiones ilegales exigidas a La Raza y la venta supuestamente fraudulenta de los suelos de la instalación.

Ampliación
La misma magistrada resolvió en un auto emitido el pasado 19 de enero iniciar las «diligencias previas», o sea, un nuevo procedimiento, con el objetivo de dilucidar por separado la legalidad misma de los ERE, ante la aparición de prejubilados que nunca trabajaron en Mercasevilla: Carmen Fontela en 2003 y el exdirigente socialista en Jaén Antonio Garrido Santoyo en 2007.

Además, e inevitablemente, la investigación general sobre todas y cada una de las regulaciones laborales aprobadas por la Consejería de Empleo desde 2001 decretada por la magistrada en un auto anterior, del 10 de enero, alcanzará a los dos procedimientos emprendidos en el mercado central de abastos.

La Policía Judicial y la magistrada hablan de toda una «trama para la utilización fraudulenta» de los fondos públicos destinados a la financiación de ERE, y han puesto en duda también la fórmula administrativa elegida por la Junta de Andalucía para su autorización. Con este difícil panorama investigador, los prejubilados «auténticos» tienen cada vez más complicado solventar, incluso por la vía judicial, el pago de sus retribuciones.