Estímulos y crecimiento

Los datos de la Encuesta de Población Activa de 2011 ofrecieron ayer en todo su dramatismo la realidad del desempleo. El balance del Gobierno socialista se saldó con 5.273.600 parados, lo que representa el 22,85% de los españoles en edad de trabajar, la mayor tasa registrada desde el primer trimestre de 1995. Quiere esto decir que España ha retrocedido nada menos que 17 años. Detrás de la estadística existe una realidad social alarmante con circunstancias trágicas como la de los 1.575.000 de hogares con todos sus miembros en paro. El Gobierno de Rajoy es consciente de que los cambios estructurales necesarios deben ser profundos, pero también urgentes. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría confirmó ayer que el Ministerio de Empleo está «ultimando» la reforma laboral y que trabajará «con más intensidad» tras el mal dato de paro. El propósito es introducir mayores «mecanismos de flexibilidad» en las empresas «para permitir que se mantenga el empleo». La intervención sobre una legislación laboral del siglo pasado es imprescindible, pero serán necesarios más instrumentos para invertir la actual tendencia. Además de la reestructuración del sistema financiero para liberar crédito e inyectar liquidez, y de iniciativas nacionales de apoyo a los emprendedores y a las pymes, es preciso que la implicación europea sea extraordinaria en el estímulo a la actividad y el crecimiento, y aplicar todo el potencial comunitario para amortiguar los efectos del nuevo ciclo económico negativo que se viene encima y mantener las constantes vitales de la zona euro, especialmente las de aquellos países más expuestos. Mariano Rajoy, como antes Merkel y Sarkozy, ha puesto encima de la mesa que los excedentes de los fondos estructurales y de cohesión se destinen a programas de generación de empleo. Hablamos de una cantidad superior a los 82.000 millones, según la CE (España cree que incluso alcanza los 100.000), que podrían emplearse como bonificaciones a las empresas que contraten a jóvenes en paro y proyectos de formación profesional. Un plan de incentivos importante que se enmarca en esa necesidad de estímulos que la economía precisa en paralelo a la consolidación fiscal. En este punto, el Gobierno cumplió ayer con otro de sus compromisos: la aprobación del anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Se sientan las bases de la disciplina fiscal con la imposición por ley del déficit cero a las comunidades, techo de gasto, sanciones para las administraciones incumplidoras y la presentación de los presupuestos al Gobierno antes de su aprobación, entre otras medidas. El rigor en la gestión, la austeridad, las reformas y los estímulos a la actividad suponen un cambio radical de rumbo en la buena dirección. España envía mensajes nítidos de cambio y confianza, y Europa y los mercados así parecen interpretarlos.