El derrumbe de la seguridad jurídica o la Torre Cajasol

S eguridad jurídica, conviene recordarlo, era aquel concepto tan traído y llevado por el entonces candidato Zoido, de mitin en mitin, para subrayar que, bajo su mandato, se generaría confianza; y ésta produciría inversiones; y la inversión traería empleo a esta Sevilla del paro creciente. Al poco de alcanzar el bastón de mando, el equipo de Gobierno de Juan Ignacio Zoido –20 concejales nos contemplan– ratificó que la licencia de la Torre Cajasol cumplía con la legalidad vigente, al tiempo que invitaba a la Junta y al Estado a hacerse cargo de una hipotética indemnización en caso de parar las obras ante un veredicto desfavorable de la Unesco. Un sí, pero no. La oposición le exigió al alcalde, hace ya meses, que aclarara su postura y, finalmente, Zoido ha optado por, probablemente, la única alternativa que tiene: defender una construcción que –salvo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía diga lo contrario– es escrupulosamente legal, guste más o menos a los conservacionistas. Que el rascacielos se iba a ver desde el Alcázar –y más allá– era más que evidente. Habría que pedir cuentas por ello al anterior Ejecutivo local, en todo caso. Una vez aprobadas las licencias, la única alternativa posible para «la seguridad jurídica» de la capital de Andalucía es acabarla. El camino intermedio pasa por rebajar la altura del rascacielos de la Cartuja. Parar la torre equivale a lanzar un mensaje, cuando el que puede ser el más duro año de la crisis no ha hecho sino empezar, poco serio a los posibles inversores o dilapidar, directamente, los proyectos futuros. Están en juego la imagen de la ciudad y miles de puestos de trabajos. Ahora mismo, 600 empleos directos y un millar indirectos. ¿Qué inversor elegiría una ciudad que da los permisos pertinentes para un proyecto y que al poco tiempo y con la obra empezada dice que hay que pararla? Si cae la Torre Cajasol, se derrumba con ella la seguridad jurídica de la capital.