Infraestructuras
Aguirre se queda con Metro
La Comunidad asumirá la competencia exclusiva del suburbano. El Ayuntamiento de Madrid se ahorrará unos 140 millones con la «cesión»
MADRID- Las negociaciones entre Comunidad y Ayuntamiento para eliminar las competencias duplicadas en ambas administraciones y así ahorrar costes han dado ya sus primeros frutos. Según avanzó ayer Esperanza Aguirre, Metro de Madrid (coordinado por el Consorcio de Transportes, de titularidad mixta) pasará a ser dirigido en exclusiva por el Gobierno regional.
El objetivo es unificar la gestión bajo un mando ejecutivo. Una operación con la que ambas administraciones buscan que el suburbano gane en operatividad y en concreto por parte del Ayuntamiento ahorrarse los aproximadamente 140 millones de euros que hasta ahora aportaba al Consorcio regional de Transportes; un ahorro que, tal y como avanzó ayer este periódico, Gallardón quiere que esté contemplado en los presupuestos municipales de 2012.
La presidenta de la Comunidad confirmó ayer en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid, los rumores en torno a esta negociación, que abarcará más áreas. Aunque Aguirre afirmó que el pacto no está rubricado, sí que se ha acordado la «cesión» de la titularidad del suburbano a la Comunidad, así como que el Consistorio continuará sufragando los costes de la EMT.
«No era lógico»
«No era lógico que la gestión fuera cosa de un presidente no ejecutivo», aseguró Aguirre en referencia a la situación actual, que la entidad está presidida por el delegado de Hacienda del Ayuntamiento, Juan Bravo. «Creemos que es mucho más claro, con el objeto de mejorar el servicio público que se presta a los madrileños, que haya una línea de mando clara y única», afirmó la presidenta regional.
En torno a las noticias y rumores surgidos en torno a las negociaciones que se están manteniendo entre la Administración regional y la municipal, Aguirre quiso desmentir que los servicios de Emergencias del Samur y del SUMMA se vayan a fusionar, aunque sí confirmó que se van a buscar fórmulas para mejorar su eficacia. Actualmente estos dos servicios se dividen las intervenciones en función del lugar de la emergencia. Si procede de un domicilio acude el SUMMA, mientras que si la emergencia es en plena calle, va el Samur. El plan de Aguirre pasa porque este último se limite a la ciudad de Madrid y el SUMMA se ocupe de las emergencias del resto de la Comunidad, «donde no tengan un servicio los ayuntamientos de la categoría que tiene el Samur».
Pero Metro y los Servicios de Emergencias no son los únicos puntos que se están negociando entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Las escuelas infantiles, viviendas VPO y los centros de salud y de día son otras competencias duplicadas entre ambas administraciones que sus dirigentes han propuesto «atribuírselos a una sola administración». Sobre este punto, Aguirre concretó que en el caso de que no recaigan en la Comunidad, ella está dispuesta a dar «todo lo que tiene en presupuesto a la institución que lo vaya a llevar». La jefa del Ejecutivo regional puso como ejemplo los centros de salud que tiene el Ayuntamiento. En este punto Aguirre se preguntó: «¿Pero qué hace el Ayuntamiento con los centros heredados de la antigua Beneficiencia? Eso tiene que quitárselo del presupuesto y venir a la Comunidad que es la que tiene plena competencia en la Sanidad».
El negocio «en negro» de la huelga: 20.000 euros
El PP presentó ayer una denuncia pública ante la Agencia Tributaria contra la Plataforma para la Defensa de la Educación Pública, la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos y la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas por «lucrarse» con la venta de las camisetas verdes, símbolo de las protestas de la huelga de Educación, sin pagar ni el IVA ni el Impuesto de Sociedades. El presidente del Comité Jurídico del partido en Madrid, Salvador Victoria, presentó ayer el escrito ante la Agencia Tributaria. Según sus cálculos, los comerciantes de estas camisetas habrían conseguido al menos unos 51.000 euros y un beneficio limpio de más de 20.000 euros.
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