Castilla-La Mancha pretende un Acuerdo Nacional del Agua

La Junta de Portavoces de la Diputación de Toledo, celebrada ayer, estudió la moción del equipo de Gobierno, incluida en el orden del día del pleno extraordinario del próximo lunes, de cara a la defensa unida del agua para Castilla-La Mancha.El texto alude a la solidaridad de los castellanomanchegos con las carencias en materia hídrica de otras comunidades desde 1979 y la convivencia de recuperar el desarrollo y el crecimiento de esa región. Desde el equipo de Gobierno de la Diputación de toledo se insta a alcanzar un Acuerdo Nacional del Agua, que refleje las necesidades presentes y futuras de reservas de agua, así como los diferentes Planes de la Cuenca.La institución provincial espera sumarse, de este modo, a una propuesta a la que yan se han adherido más de 200 organizaciones y asociaciones de carácter local o regional.Uso de los pozos de sequíaPor otro lado, el Gobierno de Castilla- La Mancha recurrirá el convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Sindicato Central de Regantes para riego de trece pozos de sequía en la provincia de Albacete porque perjudica los intereses hídricos de la región. Este es uno de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno adoptados el martes y del que ayer informó la portavoz, Isabel Rodríguez, quien explicó que de los dieciocho pozos que comprende el convenio, trece se encuentran en las localidades de Hellín, Socovos y Liétor. Esto significa, continuó Rodríguez, que de los 39,5 hectómetros cúbicos de agua que se pretenden extraer de los cieciocho pozos, 30,5 hectómetros cúbicos corresponden a los trece pozos que hay en Castilla-La Mancha. La portavoz del Gobierno manchego indicó que la Cuenca del Segura tiene en estos momentos reservas suficientes como para satisfacer las demandas de riego de todos los cultivos, pues está en su mejor momento de los últimos treinta años, y los sondeos deben ser clausurados cuando desaparezcan las condiciones de escasez.Por ello, el recurso contencioso-administrativo, explicó Rodríguez, se basa en que ni la CHS ni su junta de gobierno son competentes para continuar con esa explotación de pozos de emergencia y el sindicato de regantes no se considera una administración pública y, por tanto, tampoco es competente.