Industria pide al Gobierno que decida «cuanto antes» dónde construirá el ATC

En un momento en el que se debaten los criterios del concurso sobre la ubicación del silo, el titular de Industria, Miguel Sebastián, indicó que su departamento ha realizado todo el trabajo que tenía que hacer y reiteró que la responsabilidad de la decisión es del Gobierno.

«Yo no hago la agenda del Consejo de Ministros», dijo, pero instó al Ejecutivo para que tome la decisión cuanto antes porque, al no estar listo el almacén centralizado, habrá que hacer varios silos temporales que, en su opinión, «son más caros e inseguros». Estas declaraciones se producen un día después de que Francia transmitiera a Industria su «inquietud» por no poder devolver los residuos a España, por los que se deberá pagar una multa de 60.000 euros.

Por su parte, la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) denunció los criterios utilizados para designar a Zarra (Valencia) como sede del ATC, unos criterios que, según denunciaron, se han movido por intereses políticos en lugar de por motivaciones técnicas.

El gerente de AMAC, Mariano Vila D'Abadal, anunció ayer que si Zarra es la elegida recurrirá a los tribunales correspondientes, presentará un contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros, pedirá al juez la suspensión de la ejecución para que no se construya el ATC en un lugar «equivocado» e intentará paralizar el proceso hasta que un juez determine si el concurso está bien o mal hecho.

Asimismo calificó de «absolutamente inaceptable» el informe técnico que Sebastián elevó el pasado viernes al Consejo de Ministros, un documento que Vila D'Abadal, cree que ha sido elaborado por Enresa –empresa pública que gestionar los residuos radiactivos producidos en España–. Por ello, el gerente de AMAC reclamó que se «retrotraiga el proceso» para «volver a hacer una valoración estrictamente técnica».

Sobre la oposición de las diferentes comunidades autónomas con ciudades implicadas en el concurso, el gerente de AMAC dijo que «es consecuencia de que el Gobierno no las haya implicado en todo el proceso».