Acoso a los políticos

La Delegación del Gobierno multa con 6000 euros a convocante del 25S

La Delegación del Gobierno en Madrid ha iniciado un procedimiento administrativo para multar con 6.000 euros, por una falta grave, a la persona que comunicó oficialmente la manifestación del 25S dentro de la iniciativa "Rodea el Congreso".

Según han confirmado fuentes de la Delegación, la institución ha acordado iniciar un procedimiento administrativo sancionador por una falta grave que, en caso de concluir de acuerdo con los argumentos que se esgrimen, supondría una sanción de 6.000 euros.

Una vez iniciado el procedimiento y comunicado a la persona afectada, se abrirá una fase de alegaciones.

La concentración del 25 de septiembre se desarrolló de manera pacífica hasta que un grupo de personas intentó traspasar las vallas colocadas para proteger el Congreso y la policía cargó contra los congregados, en unos incidentes que concluyeron con 35 detenciones y 62 heridos

En el expediente se explica que la responsabilidad del acto corresponde a lo organizadores, que en este caso es una persona a título individual, tal y como estipula la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, según han explicado fuentes conocedoras del proceso.

Recuerda que durante la concentración ante el Congreso el 25S se produjeron una serie de altercados, como lanzamiento de objetos a la Policía, agresiones a los agentes e intentos e traspasar las vallas de seguridad colocadas ante el Congreso.

La Delegación argumenta que "en ningún momento se pudo apreciar la existencia de medidas de seguridad"por parte de los organizadores, que no contaron con un servicio de orden como ocurre en otras convocatorias.

"Los hechos denunciados suponen el incumplimiento de los términos acordados en la resolución de la Delegación en la que se autorizaba la manifestación", contraviniendo el artículo 23 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, según consta en el expediente abierto por la institución que preside Cristina Cifuentes.

Las fuentes han precisado que esta resolución "no es excepcional", ya que la Delegación del Gobierno ya ha desarrollado expedientes sancionadores respecto a organizaciones sindicales, políticas y entidades privadas que han comunicado concentraciones o manifestaciones en la que se han incumplido los términos establecidos en lo referido a recorrido, horarios o seguridad.