La sedación «a la carta» se aplaza

Tal como está redactada, la Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida –antes conocida como ley de muerte digna– permite a un paciente en fase terminal exigir una sedación a su médico, a pesar de que éste considere que no es recomendable, con el peligro que ello conlleva. Y si el especialista se niega, estará incumpliendo la ley. Éste es sólo uno de los conflictivos puntos que preocupan a los profesionales.

Hasta 36 alegaciones presentaron la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal). ¿La respuesta del Gobierno? Sólo una fue aceptada por Sanidad. Con todo, los colegios médicos aplauden el anuncio de que el primer plazo de enmiendas se haya retrasado hasta septiembre. Así, el temor a que pudiera aprobarse la ley por trámite de urgencia queda desterrado. Y el texto podría llegar «muy justo» para esta legislatura, afirman fuentes sanitarias.

«Desde la Secpal y la OMC hemos llevado a cabo un esfuerzo muy grande para dar nuestra opinión. Y nos sentimos un poco frustrados. Cuando se redacta una ley se piden consultas, pero después, los textos ya están prediseñados», afirmó a LA RAZÓN Jacinto Bátiz, secretario de la Comisión Central de Deontología de la OMC, que participó esta semana en las Jornadas de Ética Científica organizadas por el Hospital Centro de Cuidados Paliativos Laguna. Con todo, cree que durante estos meses «nos va a dar tiempo a argumentar mejor lo que puede ayudar a mejorar esta ley». No en vano, «cuando se hacen las cosas a todo correr y se ponen plazos, no se puede razonar correctamente».

Los caballos de batalla de los profesionales sanitarios seguirán siendo los mismos. Sobre todo ese artículo 4 que recoge que, «como manifestación del derecho a la integridad física y moral», se garantizará el derecho del paciente «a decidir libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir en dicho proceso, incluidos los cuidados necesarios para evitar el dolor y el sufrimiento».

Así, la «lex artis», o buena práctica médica, ha quedado eliminada del texto, de tal forma que el médico tendría la obligación de administrar al paciente una sedación no indicada. Y, por tanto, la «mala praxis», la responsabilidad profesional por los actos realizados con negligencia, quedaría despenalizada. De esta forma, la ley de autonomía del paciente, que regulaba que las instrucciones previas del paciente no serán aplicadas de ser contrarias a la «lex artis» y al ordenamiento jurídico, quedaría sepultada. «El paciente tiene derecho a no sufrir», apunta Bátiz, «y nosotros tenemos la obligación de que no sufra dentro de una práctica médica adecuada. Otra cosa es que elija a la carta el tratamiento que tenemos que darle. Eso generaría un conflicto importante», añade.

Una puerta a la eutanasia
Por su parte, la doctora Teresa García-Baquero, coordinadora del Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, también expresa sus dudas . De hecho, considera que en varios puntos «deja la puerta abierta a la eutanasia», si bien aclara que «ésta es su opinión personal y no la de la Comunidad de Madrid». García-Baquero critica que «no estamos ante una ley de cuidados paliativos, sino que está más pendiente de proteger a los médicos que quieran practicar la sedación».

El texto «tampoco se centra en los derechos del enfermo»; del mismodo, «puede provocar daños muy grandes» a sus seres cercanos, pues, al final, «el familiar es el último que tiene derecho a expresar su opinión»; también le parece «muy preocupante» que se haya dejado al margen la opinión «de un equipo multidisciplinar» para dejar las decisiones «en manos de un solo médico»; y, por último, se han obviado los «cuidados básicos» que debe recibir el paciente, como es la nutrición.

Opinión coincidente
Al hilo de estas reivindicaciones, la OMC y el Secpal pedían la corrección del artículo 17, que hace referencia a la limitación del esfuerzo terapéutico por parte del profesional – es decir, evitar intervenciones de soporte vital «carentes de utilidad clínica»–. Los profesionales pretendían que esta limitación se practicara tras la «opinión coincidente de otro médico de los que participe en la atención sanitaria». Del mismo modo, no han podido incluir la indicación médica en el artículo 11.3, que aboga porque el paciente tenga derecho a recibir sedación paliativa «aunque ello implique un acortamiento de la vida».

Otras aspiraciones que quedan en el aire son la inclusión en el artículo 11 del derecho de todos los españoles al acceso equitativo a unos cuidados paliativos integrales de calidad. «Ni se equiparan ni se universalizan los cuidados paliativos». Y la mejora de la formación del sector de los cuidados paliativos – «esta atención ha de ser tan importante como la preventiva o curativa», dice Bátiz–, también queda en punto muerto. Ahora, con tres meses por delante, la OMC espera que se imponga la reflexión.

24 horas de cuidados paliativos
Mientras el Gobierno parece haber dejado aparcada la accesibilidad universal a los cuidados paliativos –en principio, uno de los objetivos con los que nació la ley–, algunas comunidades autónomas tratan de poner remedio a esta carencia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que está poniendo en marcha un proyecto de atención paliativa de 24 horas al día. ¿Su objetivo? Que todos aquellos madrileños que afronten el final de la vida puedan hacerlo con el menor sufrimiento posible. ¿Sus beneficios?

Médicos y enfermeros con acceso a un historial clínico informatizado, consulta de los datos del paciente en tiempo real y la posibilidad para los familiares de resolver sus inquietudes a cualquier hora del día a través de un número telefónico. «Se trata de una planificación muy humana: que ningún familiar y ningún paciente se sienta solo. Que haya siempre una voz al otro lado del teléfono», explica a LA RAZÓN Teresa García-Baquero, coordinadora del Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid. No en vano, asegura la doctora, «estamos ante un proyecto innovador y pionero en España».