La censura borra el caso en China

PEKÍN- La «Operación Emperador» ha pasado prácticamente desapercibida en China, donde ni los medios de comunicación ni las autoridades le han dedicado apenas atención. Interrogado por periodistas españoles en la rueda de prensa diaria con medios extranjeros, un portavoz del ministerio de Exteriores, Hong Lei, se limitó a decir que China ha «tomado nota de las informaciones» y que «están confirmándolas», añadiendo que Pekín «verificará» si la trama tiene ramificaciones en territorio chino tal y como afirmó el magistrado de la Audiencia Nacional encargado del caso, Fernando Andreu. Hong también subrayó que su Gobierno siempre urge a sus ciudadanos en el extranjero a cumplir las leyes del país en el que residen y dijo esperar que, por su parte, España proteja a los chinos detenidos «de acuerdo a la ley». En los medios de comunicación, sometidos a una estricta censura en China, apenas se ofreció información al respecto. Sólo la agencia Xinhua y el diario «Global Times» escribieron algo en su ediciones en mandarín de ayer, artículos que fueron rebotados después por otros portales de noticias y blogs en Internet, pero sin despertar demasiada atención. En ambas informaciones se explicaba sin demasiado detalle el alcance de la operación policial, traduciendo lo dicho en medios de comunicación españoles y citando diarios digitales como fuente principal. En las redes sociales, algunos ciudadanos chinos relacionados con España se hacían eco de la noticia pero sin desatar tampoco un debate.

Aunque es probable que Pekín ofrezca en los próximos días una reacción más articulada, su indiferencia contrasta con otros episodios en los que la comunidad china en España también fue protagonista y despertó un intenso revuelo. Uno de los más mediáticos fue el incidente de Elche de 2004, en el que una manifestación contra los mayoristas chinos de calzado degeneró en una marcha violenta que se saldó con la quema de varios almacenes. Aquellas imágenes sí fueron reproducidas insistentemente por las televisiones chinas y, tanto desde la embajada de Madrid como desde Pekín, se presionó para exigir responsabilidades contra los agresores y proteger sus intereses.