Campanario expulsada de la universidad

Al amparo del Artículo 2.2 de la Ley Orgánica 6/2011 de Universidades –que reconoce el derecho de los centros de titularidad privada de regirse por sus propias normas–, la Europea ha decidido su inmediata expulsión y la pérdida de su condición de estudiante.

Según ella misma contaba al programa «DEC», ha decidido interponer una demanda por considerar que el caso es injusto. «No tengo fuerzas para decir nada. Me han citado dos semanas antes para decirme que no me renuevan la matrícula, y las cosas no se hacen así. Me han cobrado hasta la reserva de matrícula. No tengo derecho a estudiar y ya está», afirmaba desolada. Lo cierto es que según la normativa de la Europea podría recurrir esta decisión: en primer lugar, puede presentar un escrito con sus alegaciones y pruebas ante el instructor del expediente. En caso de que la comisión disciplinaria lo desestimara, la sancionada podría interponer un recurso al rector. Sin embargo, Campanario ha resuelto demandar directamente a la universidad: «He interpuesto una demanda porque yo cuando entré aquí ya estaba imputada por cuatro delitos, y ahora estoy pendiente de dos».

Campanario considera que no puede ser expulsada porque ha recurrido la sentencia sobre su implicación en la «operación Karlos», caso que investigaba delitos de presunta estafa contra la Seguridad Social. Al estar pendiente la resolución sobre su recurso, la sentencia penal aún no es firme. Sin embargo, el reglamento de la Universidad Europea, en su Artículo 11/F, establece como falta muy grave «todos aquellos actos, infracciones, conductas, faltas y delitos que dañen o menoscaben la buena imagen y el prestigio» del centro.

Polémica en las aulas
El ingreso de Campanario en la Universidad Europea generó debate desde el principio. Los medios de comunicación se congregaban en la entrada del campus todos los días, y la presencia continua de periodistas no era plato de gusto de sus compañeros, que fueron víctimas de una cámara oculta para conocer cómo se comportaba la mujer de Jesulín en clase. Además, el colectivo de dentistas cree que en el curso que «la Campa» realiza existen «indicios de ilegalidad», pues se obtiene el título de graduado acudiendo a clase únicamente los fines de semana y pagando 15.000 euros anuales de matrícula.

UN OTOÑO CALIENTE
Tanto Campanario como su madre, Remedios Torres, fueron halladas culpables del delito de estafa contra la Seguridad Social en la «operación Karlos». La mujer del diestro tiene como cargos falsedad de un documento oficial y estafa en grado de tentativa. Por el primero le corresponde un año y siete meses de cárcel, mientras que por el segundo se le suman cuatro meses más; aunque no ingresará en prisión por tener una condena menor a dos años. A esto se le añade una multa de 1.800 euros. Los abogados defensores de madre e hija han presentado en la Audiencia Provincial de Cádiz el recurso ante el Tribunal Supremo, que emitirá su resolución el próximo otoño.