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Otro ataque a una guardería eleva a 26 los niños asesinados este año en China

La Razón
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Cuando el 12 de marzo un desequilibrado irrumpió en una guardería y mató a nueve niños a cuchilladas, toda China lo interpretó como un caso aislado en un país con unas bajísimas tasas de criminalidad violenta. Unos días después se produjo el segundo infanticidio y empezó a cundir la alarma. Con el tercer ataque ya se desató el pánico, que dura hasta hoy. Han pasado seis meses desde que empezó la ola de ataques y en este tiempo 26 niños han sido asesinados en situaciones parecidas y más de 80 han resultado heridos de gravedad.
La alarma se redujo con el aumento de las medidas de seguridad y la llegada del verano. Sin embargo, este martes se produjo un nuevo drama a la puerta de un jardín de infancia, delante de las narices de decenas de padres que esperaban a sus hijos. En la provincia de Shandong, un tal Fang Jiantang, de 26 años, atacó salvajemente y mató a tres menores, hirió a otros tantos, así como a cuatro profesores que intentaron detenerlo. Tras ser arrestado no dio ninguna explicación sobre su crimen, aunque ofreció una versión detallada de los hechos 24 horas después de ser detenido.
Sin embargo, el Gobierno chino, que permitió que el primer ataque recibiese una enorme cobertura mediática, rectificó rápidamente y ahora intenta que no salgan a la luz demasiados detalles ni que la noticia no se difunda más de lo necesario. Y es que tras descartar cualquier relación entre los asesinos, una de las tesis más utilizadas para explicar este arranque de violencia es que se trate de un efecto de «copia». Por supuesto, otras conjeturas también han cobrado terreno. Psicólogos y expertos se esfuerzan en ofrecer una versión lo más creíble posible y relacionan los casos con todos los problemas sociales del país. Algunos hablan de «actos de protesta social» ante la enorme presión e incertidumbre en la que viven millones de chinos.
Otros lo achacan a los tabúes que existen en la sociedad china frente a las enfermedades mentales, algo que, según se estima, deja sin diagnóstico a más del 90% de ciudadanos con problemas psicológicos.