Ancianos de vuelta a casa por la crisis

Madrid- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidirá hoy el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia con un único objetivo en mente: asegurar la viabilidad de la ley de dependencia, una norma que, a su juicio, está en una «situación límite». Para ello se reunirá con los consejeros autonómicos del ramo a los que presentará una batería de medidas que revolucionará la ley de arriba abajo. Entre ellas, como adelantó LA RAZÓN en sus ediciones del pasado 17 de junio y del 5 de julio, se priorizará la atención a los grandes dependientes y se endurecerán los requisitos para que los cuidadores familiares reciban ayudas por una atención que, según aseguró ayer la profesora María Ángeles Durán, suele recaer más sobre las mujeres que sobre los hombres.

La investigadora del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha realizado un estudio para la Fundación BBVA sobre «El trabajo no remunerado en la economía global» en el que analiza los pormenores de la situación de los dependientes en nuestro país y en el que apunta a uno de los efectos que la crisis económica está teniendo sobre el cuidado a los mayores: la vuelta al hogar familiar desde las residencias de ancianos. «Cuando el precio de la residencia lo pagan entre varios hijos, basta con que uno de ellos se quede en paro para que no pueda seguir pagando la parte proporcional del coste que le corresponde», señaló ayer Durán acerca de este fenómeno. No en vano, el coste medio de una residencia va desde los 1.450 euros mensuales de las de titularidad pública, hasta los 2.250 euros de los centros privados.

Así, el informe indica que el sentido de la obligación de asumir personalmente el cuidado de los progenitores está vinculado al género, la edad, la situación laboral y el estatus socioeconómico. Ese sentido de la obligación es mayor entre las mujeres (38 por ciento) que en los hombres (25 por ciento), en las amas de casa (43 por ciento) que en los que trabajan (25 por ciento), así como entre los mayores de 65 años (41 por ciento). Para el 85 por ciento de los cuidadores, esta actividad supone una tarea diaria a la que cuatro de cada diez dedican entre 8 y 24 horas al día. Como consecuencia de la sobrecarga de trabajo, casi la mitad de estos cuidadores padecen algún tipo de enfermedad crónica.

No obstante, el Ministerio de Sanidad está decidido a someter a un mayor control a estos cuidadores, al contrario de lo que viene sucediendo en los cinco años de vida de la ley de dependencia. Para acabar con las irregularidades que se vienen produciendo, los cuidadores deberán acreditar un horario de trabajo compatible con el cuidado del dependiente al que atienden, demostrar que conviven con él y recibir la formación al respecto que le ofrezcan las administraciones para mejorar la asistencia al enfermo. Además, el grado de contribución económica del paciente a los servicios que reciba se hará teniendo en cuenta también su patrimonio, y no sólo sus ingresos, como hasta ahora. Respecto al reparto de fondos a las comunidades autónomas para el desarrollo de la ley, Sanidad se fijará en la gestión que cada región haga, en lugar de sólo en el número de personas atendidas.

Amenaza al empleo femenino
Para María Ángeles Durán, autora del estudio presentado ayer por la Fundación BBVA, los recortes en los servicios sociales públicos, unidos a la actual crisis económica, suponen una «enorme amenaza» para las mujeres trabajadoras, que se verán obligadas a sacrificar su carrera profesional en detrimento del cuidado a niños mayores y enfermos.