Trabajo penaliza los despidos de mayores de 50 años

Madrid- Las condiciones para prejubilar a los trabajadores de más de 50 años se endurecen. También se modifica el Código Penal para perseguir el fraude laboral y en la Seguridad Social. Y además se refuerzan las campañas de inspección. El plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude de la Seguridad Social pasó ayer la revisión del Consejo de Ministros, y de todas las actuaciones que comprende destaca el paquete de medidas que el Gobierno enmarca dentro del objetivo de «proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la prolongación de la vida activa para asegurar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo». A partir de ahora, las empresas de más de 100 trabajadores, con beneficios, deberán realizar más aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a mayores de 50 años en despidos colectivos. Además, ya no se podrá establecer la jubilación obligatoria en los convenios. «Levantamos esta prohibición porque va en contra de la apuesta por alargar la vida laboral», explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en La Moncloa. Estas medidas sobre las prejubilaciones abundan en la línea que el Ejecutivo ya siguió en la reforma laboral, ampliando y detallando, por cierto, la conocida como «enmienda Telefónica». En 2011 se obligó a las empresas de más de 500 trabajadores, con beneficios, y que incluyeran a mayores de 50 años en sus despidos colectivos, a costear con sus fondos las prestaciones y subsidios por desempleo de esos trabajadores.
El plan contra el fraude modifica el Código Penal para ampliar el periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social de 5 a 10 años; introducir la exigencia del pago de las cuotas defraudadas para la exención de responsabilidad penal; y tipificar como delito el empleo simultáneo de «una pluralidad de trabajadores en situación irregular». Amplía el periodo previo de investigación de la Inspección en supuestos de fraude complejos (de 9 meses a un máximo de 18); extiende a 3 años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplir obligaciones con la Seguridad Social en supuestos de subcontratación; y amplía las sanciones previstas más allá del límite máximo actual.
Otro pilar de esta medida afecta al ámbito de la inspección, con nuevas campañas para «peinar» las bolsas de fraude ya identificadas, con más efectivos en el sistema de inspección y con un mayor control y seguimiento del empleo aflorado para evitar que vuelva a sumergirse. También se refuerza la vigilancia y el control sobre la percepción indebida de la prestación pública con ocasión de despidos colectivos. Según la ministra, el objetivo es evitar que «atenten» contra los derechos de los trabajadores y acabar con la competencia desleal empresarial que provoca la economía sumergida. Sin olvidar, subrayó, el daño que este fraude causa en las arcas públicas y en la sostenibilidad de la Seguridad Social. Como ejemplos de prácticas que deben ser erradicadas citó la creación de empresas ficticias que dan de alta a trabajadores que no hacen nada y que luego cobran prestaciones o la de aquellas que contratan trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social. Según estimaciones de Gestha (técnicos del Ministerio de Hacienda) basadas en datos de Eurostat, el empleo irregular mueve en España unos 82.500 millones de euros, una tercera parte del «dinero negro» circulante.

Cerco a los tramposos
- Se amplía de 5 a 10 años el periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social.
- Mayor control del empleo irregular aflorado para evitar que vuelva a sumergirse.
- Nuevas campañas, con más efectivos en el sistema de inspección, para «peinar» las bolsas de fraude ya identificadas.