Cerco a la economía sumergida

El objetivo es activar mecanismos que permitan combatir el fraude y la economía sumergida. Para ello se propone:

- Coto al absentismo laboral.
El objetivo de esta medida es combatir comportamientos individuales de absentismo injustificado que ocasionan a la empresa y a la Seguridad Social un elevado coste económico y organizativo. Para ello se propone eliminar la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.

- Mejora de la eficacia en la evaluación de la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo, que colaborarán estrechamente con las compañías. El objetivo es que las bajas de los empleados estén completamente justificadas.

- Asimismo, se regula que las empresas de trabajo temporal (ETTs) puedan funcionar como agencias de colocación de los desempleados en búsqueda de trabajo. Hasta ahora, el antiguo INEM apenas colocaba al 3% de los parados nacionales.

- Límite al encadenamiento de contratos temporales y a que las empresas abusen de la temporalidad en la contratación.
El Gobierno ha vuelto a aprobar el límite para los encadenamientos de contratos temporales en 24 meses (dos años) a partir del 31 de diciembre del presente ejercicio, con el objetivo de acabar con la temporalidad contractual. El Ejecutivo anterior aprobó, de manera temporal y hasta el 1 de enero de 2013, que esos encadenamientos pudieran superar los 24 meses de límite que ahora se recuperan.

LAS PREGUNTAS
¿Se tocarán las prestaciones por desempleo?
El Ministerio de Empleo dejó bien sentado que no tocaría las prestaciones por desempleo. Sin embargo, ante posibles fraudes en el cobro de este tipo de prestaciones, el Gobierno ha anunciado que activará un plan especial de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social para perseguir este fraude.
¿Podrán los parados hacer trabajos para la comunidad?
El Gobierno impulsará asimismo que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las administraciones públicas. Para ello, el Ministerio de Empleo llegará a acuerdos con comunidades y ayuntamientos.