Luz verde a las medidas para blindar los servicios básicos

Valladolid- El Gobierno Herrera ya tiene su Ley de Medidas Financieras, Administrativas y Tributarias. Las Cortes de Castilla y León aprobaron con la mayoría del Grupo Popular, y la oposición del Socialista y Mixto, una iniciativa que tiene como objetivo prioritario el blindaje de los servicios básicos.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, defendió que el proyecto es una «suma importante de sacrificios, renuncias y solidaridad» para superar la crisis «de la mejor forma y en el menor tiempo posible». En este sentido, reiteró que es una propuesta que permitirá «garantizar la actuación en la Región en las prestación de los servicios básicos» y contribuir a su «sostenibilidad».

Pilar del Olmo afirmó que la propuesta se ha realizado «atendiendo a las necesidades inmediatas de los ciudadanos a los que se debe, sin gravarles más de lo necesario, pero evitando hipotecar el futuro».

El aumento de la jornada laboral de los empleados públicos de las 35 a las 37,5 horas semanales; la puesta en marcha del «céntimo sanitario», 4,8 céntimos más por cada litro de carburante repostado; una ecotasa a las eléctricas; y un impuesto a la destrucción de residuos en los vertederos, son algunas de las principales medidas de la Ley.

Además se han aprobado las 51 enmiendas del PP, donde se incluye la devolución del 50 por ciento del IVA del combustible al sector del transporte, la fusión de la empresa pública Sotur con la Fundación Siglo o la retirada de limitar en 25 metros la distancia entre los establecimientos hosteleros. En cambio no se ha tomado en consideración ningún enmienda del PSOE y del Grupo Mixto, excepto una transaccional de Alejandro Valderas, que servirá para salvar los acuerdos alcanzados en materia de función pública. Una decisión que levantó las mayores críticas de la oposición. El socialista José Francisco Martín calificó el proyecto como «un engaño en su envoltorio y un bodrio en su contenido». Además los procuradores del PSOE han estado acompañados con unos carteles en el que se podía leer «centimazo sanitario no», al considerar que es un tributo que va a «crujir» a los ciudadanos y transportistas, a pesar de que el Ejecutivo autonómico «sabe que va a suponer una menor recaudación».
El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, al respecto, acusó de estar «siempre escondidos detrás de una hoja cuando hay problemas».

Por su parte, el líder socialista, Óscar López, lamentó que «se haya consumado el mayor engaño del PP a los ciudadanos». Además califica de «estafa» la Ley, y criticó que los ‘populares' vuelvan a utilizar «una vez más el rodillo» para aprobarla.

«Falta de respeto al diálogo»
Por último, el procurador de Izquierda Unida, José María González, se mostró satisfecho de defender lo mismo tanto fuera como dentro del Parlamento autonómico, y por ese motivo denunció «la improvisación, la provisionalidad y la falta de respeto hacia el diálogo social y hacia las Cortes» de la Ley. Asimismo, sostuvo que la iniciativa de la Junta tiene entre «sus objetivos ocultos» mermar los fondos de las corporaciones locales, con el impuesto de recogida de residuos.