Un informe del CGPJ avala las tasas judiciales de Gallardón

MADRID- En España «se usa y abusa de los procedimientos» en un «sistema judicial agotado», no existe «ningún filtro en cuanto a los asuntos que acceden a los tribunales, la mediación es prácticamente inexistente, el arbitraje no es una alternativa real y los asuntos menores ocupan a los jueces profesionales el mismo tiempo que los demás». Por ello, es necesario que, junto con la «creación de plazas judiciales en número suficiente que permita que cada juez asuma una carga de trabajo razonable, se acometan reformas legales que permitan evitar el acceso a los tribunales de asuntos menores que no precisan una solución judicial, que pueden resolverse en otros ámbitos y que generan un coste social y económico muy elevado». Es evidente, se afirma al respecto, «que algo hay que hacer en orden a limitar el indiscriminado acceso a los tribunales», especialmente en lo que se refiere a asuntos «irrelevantes o de escasa cuantía». Y todo ello porque hay algo evidente, «nos guste o no»: «La Administración de Justicia es un bien escaso del que debe hacerse un uso prudente, sólo cuando resulta imprescindible un pronunciamiento judicial, y que el acceso a los Tribunales sólo debe producirse como una última ratio –o al menos subsidiaria– de resolución de los conflictos, después de que se hayan intentado sin éxito otras vías».

Éstas son algunas de las principales valoraciones realizadas por el Grupo de trabajo sobre Medidas de Agilización Procesal de los Procesos Civiles, del que forman parte seis magistrados y que se ha encargado de dirigir el vocal Manuel Almenar. El informe, a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN, ha sido realizado con casi una treintena de propuestas para la agilización y reforma de esos procesos y que hoy analizará, y previsiblemente aprobará, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. En esta línea, se aboga por desjudicializar ciertos asuntos menores, pero también por agilizar trámites y evitar otros que sean superfluos, así como por racionalizar la tramitación del proceso, medidas que sólo requieren una modificación legislativa y que, por tanto, no conllevan gasto alguno.