Toledo

«La aportación a la Iglesia es libre la de los sindicatos no»

Voces de la izquierda como Simancas o Campos pretenden que el recorte social caiga sobre los católicos.

PULSE EN «DOCUMENTO» PARA DESPLEGAR EL GRÁFICO
PULSE EN «DOCUMENTO» PARA DESPLEGAR EL GRÁFICOlarazon

MADRID- Con los recortes económicos de fondo, hay voces que desde la izquierda piden que sea la Iglesia católica la que sufra los tijeretazos. Ayer fue el diputado socialista gallego Xavier Carro quien dijo que, ahora que está en marcha la campaña de la renta, los anticipos que recibe la Iglesia pueden ayudar a reducir el gasto público. Desde el diputado madrileño Rafael Simancas pasando por el valenciano Herick Manuel Campos hasta los representantes de Izquierda Socialista, muchos coinciden en pedir recortes a la asignación eclesial. Sin embargo, ayer mismo el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, durante una rueda de prensa con motivo del X Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará en la capital manchega del 27 al 30 de mayo, respondió que «el sistema que tenemos en la Conferencia Episcopal es de asignación voluntaria, no es ningún impuesto. La gestión es del Estado pero son los fieles, o los que no lo son, quienes ponen esa crucecita; por lo tanto la aportación es libre», y «no es como el dinero que se le da a los sindicatos, que no nos enteramos, pero se les da directamente del Estado», señaló. El prelado afirmó, además, que «somos austeros casi siempre». Al presentar la memoria del ejercicio 2007, el gerente de los obispos, Fernando Giménez Barriocanal, explicaba que en la Iglesia cada euro rinde como dos y medio. Por ejemplo, si el Estado sustituyera un párroco, que escucha y atiende a un inmigrante desorientado, por un asistente social con una titulación similar y un sueldo de mercado, el coste se multiplicaría por dos y medio. Lo mismo pasaría pagando profesores en vez de catequistas. La Iglesia dedica 46 millones de horas anuales a atención en despacho, catequesis o visitas a enfermos. Los 6.000 centros escolares católicos ahorran al contribuyente 3.372 millones: cada alumno en la pública costaría casi el doble.