Estados Unidos

Obama lleva a los tribunales la ley de Arizona

El Gobierno de EE UU llevó ayer a los tribunales al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor.

La acción legal se añade a otras cinco demandas ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país. El argumento principal usado por el departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal. «La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país», afirma la demanda. El Gobierno alertó que la ley resultará en el «acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal». Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas. Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará «la seguridad de todo el país», destacó el fiscal general, Eric Holder.La gobernadora de Arizona compara a Obama con los cárteles«El estado de Arizona está bajo el ataque de violentos cárteles mexicanos y de traficantes de humanos, y ahora Arizona se encuentra bajo el ataque en la Corte Federal del presidente de EE UU, Barack Obama, y su Departamento de Justicia», aseguró la gobernadora Jan Brewer en un comunicado de prensa.La gobernadora de Arizona calificó de «equivocación» que se demande a ese estado por querer «ayudar» a reforzar las leyes federales de inmigración y aseguró que la aprobación de la ley SB1070, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, es resultado del fracaso del Gobierno federal por proteger la frontera. «La demanda presentada ayer es una pérdida de recursos», señaló Brewer.