El diputado del PSOE que asesoró a Empleo asumió funciones de director

SEVILLa- El diputado socialista Ramón Díaz, que actuó como asesor de la Consejería de Empleo entre octubre de 2005 y noviembre de 2009, asumió labores propias del director general de Trabajo y Seguridad Social con los dos ocupantes del cargo con los que coincidió, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez Contreras, ambos imputados por la juez Mercedes Alaya en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas pagadas con cargo al Presupuesto autonómico. En el primer caso, el propio Guerrero así lo declaró ante la Guardia Civil el pasado jueves ante la insistencia de los agentes sobre las labores de Díaz. En el segundo, la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN demuestra que el parlamentario andaluz tenía contacto directo con la Agencia IDEA –el ente que pagaba las pólizas–, asumió compromisos de Guerrero tras el cese de éste e incluso representó a la Consejería de Empleo por delegación del director general de Trabajo en reuniones con empresas acogidas a ERE, como el caso de Santana Motor.

En un correo electrónico de 12 de enero de 2009, Díaz, como asesor de Empleo contratado a través de una Fundación pública (Faffe), escribe a Antonio Diz-Lois –nombrado secretario general de IDEA en esas fechas– lo siguiente: «Antonio, te envío la documentación del tema que te comenté del trabajador de Santana que nos reclama la indemnización por despido a nosotros. Existe un acta donde Javier –por Francisco Javier Guerrero, cesado el 29 de abril de 2008– se hace responsable del pago. No te la envío porque no la tengo aquí, si hiciera falta la buscaría. Dime cómo redactamos el convenio para terminar con este tema».

El asunto que había que resolver era una reclamación por despido improcedente de un trabajador de la empresa Elyo Gymsa Ibérica, dedicada a la actividad de proveedores de Santana Motor. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló a favor del empleado y éste le reclamó el dinero –51.713,39 euros– a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, esgrimió los acuerdos de garantías de los trabajadores del Plan de Acción Social de Santana firmados en Linares el 4 de julio de 2006 y ratificados en febrero de 2007. Antes, ya había participado en reuniones con el parque de proveedores de Santana por delegación de Juan Márquez.

La intervención de Díaz asumiendo el compromiso adquirido en la etapa de Francisco Javier Guerrero muestra que la manera de trabajar en la Consejería de Empleo se mantuvo con la marcha del señalado como único responsable por parte de la Junta de Andalucía. El «fondo de reptiles» tenía un claro objetivo, que era el mantenimiento de la paz social en Andalucía para evitar así acciones de protesta contra las actuaciones del Gobierno andaluz. Así lo reconoció el viceconsejero de Empleo en sus alegaciones a la Intervención General cuando ésta denunció por primera vez la tramitación irregular de subvenciones, «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido».

La gestión de Díaz en los cuatro años en los que estuvo en Empleo no ha pasado desapercibida para la investigación. La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que reclamara información sobre «el cargo, funciones e intervenciones realizadas por quien es identificado como Ramón Díaz» en el ERE de Saldauto, en el que se registraron tres intrusos.

En una declaración ante la policía judicial, Guerrero señaló que en la negociación de este expediente contó con la colaboración de su asesor. Y Jesús María Bordallo, directivo de la consultora Vitalia Vida –imputado el viernes por la juez– responsabilizó a ambos de la entrada de dos de los intrusos e incluso señaló que Díaz «habló personalmente con él solicitándoselo» –tras esta afirmación, el diputado socialista anunció una querella contra el directivo de Vitalia–.

Este periódico ya informó que el ex asesor intercedió en el ERE de Tioxide, otro de los que analiza la juez Alaya.

Díaz tomó posesión como diputado autonómico hace un año –el 16 de febrero de 2011–. Hoy está previsto que el presidente José Antonio Griñán firme el decreto de disolución del Parlamento y convoque las elecciones del 25 de marzo. El socialista, que no está imputado, perderá su condición de aforado.