Penas de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado

Madrid- Cuatro de los 35 detenidos el pasado martes por protagonizar altercados violentos con la Policía a las puertas del Congreso –que anoche también durmieron en las dependencias policiales de Moratalaz a la espera de su comparecencia ante el juez– cuentan con antecedentes policiales. Daniel E., nacido en Francia y que el martes iba indocumentado, cometió un robo con fuerza en Sant Martí (Barcelona) en 2010, y otro de los arrestados, Ángel G. R., tiene un antecedente por daños en Fuenlabrada en 1992. Por su parte, Rodrigo B. P. cometió un robo con fuerza en Jerez de la Frontera, según confirmaron fuentes policiales. Pero quien se lleva la palma es Javier María G. S. A., que cuenta con un rosario de graves delitos en su historial: homicidio doloso, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, robo y hurto de vehículo, lesiones, atentado contra agente de la autoridad y hasta tráfico de drogas.

Del total de detenidos, seis son mujeres. Una de ellas fue arrestada por golpear a un agente de la UIP con una maza en el casco y en un hombro. Además, tenía una orden de busca y captura porque, 15 días antes, había lanzado una botella a otro policía en el distrito madrileño de Legazpi.

Todos ellos continúan a la espera de comparecer ante el juez. Si su actuación se considera desórdenes públicos, deberían prestar declaración ante el juez de guardia de los Juzgados de Plaza de Castilla. Pero, por el contrario, si han podido cometer un delito contra las Instituciones del Estado, debería ser el juez de guardia de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el encargado de tomarles declaración, al ser este tribunal el competente para investigar este tipo de delitos.

Por esta última opción se inclinan tanto la Policía como la Delegación del Gobierno en Madrid, por lo que esta misma mañana los detenidos podrían ser conducidos a la Audiencia Nacional, aunque al cierre de esta edición el juez de guardia todavía no tenía conocimiento de este hecho.

En todo caso, será el magistrado quien decida si existen indicios para imputarles ese delito. Si no es así, enviará el caso a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla. Quien ya están imputados por un delito contra altos organismos de la nación –castigado hasta con un año de prisión– son los ocho promotores de la concentración frente al Congreso. Dos de ellos han pedido por escrito al juez Pedraz que se archive el caso al estar autorizada la convocatoria.

¿La culpa? Policías infiltrados
 

Las teorías conspirativas van ganando terreno y adeptos entre los coordinadores del 25-S, que ayer no dudaban en echar la culpa de todo a los agentes de la Policía. Para ser más concretos decían que durante la protesta en Neptuno «los encapuchados que salen haciendo cosas que no se deben hacer» en los vídeos son policías. O lo que es lo mismo, que los agentes eran los que tiraban piedras y botellas contra sus propios compañeros. Eso sí, nada dijeron sobre todos aquellos «radicales» que atacaron, insultaron y reventaron la protesta.