Sevilla

Una empresa denunció en 2006 la imposición de intermediarios en los ERE

Funcionarios detectaron la irregularidad en marzo de 2011, pero la Junta anunció que pedirá el dinero hace una semana

Una empresa denunció en 2006 la imposición de intermediarios en los ERE
Una empresa denunció en 2006 la imposición de intermediarios en los ERElarazon

Sevilla-La trama de presuntas prejubilaciones fraudulentas que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tiene una pieza clave en los mediadores e intermediarios de los ERE, que trabajaban con la Junta de manera exclusiva y que eran impuestos por el Gobierno andaluz si las empresas querían optar a las ayudas del «fondo de reptiles». En 2006, la empresa Peninsular del Latón reclamó la colaboración de la Junta de Andalucía para financiar un ERE en la empresa y la respuesta que obtuvo por parte del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, fue concluyente: pónganse en contacto con Vitalia, la principal mediadora en todos los expedientes financiados con cargo al Presupuesto autonómico.

Según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la secuencia de los hechos es reveladora. En marzo de 2006, la empresa se dirige a la Consejería de Empleo solicitándole financiación para un ERE, ya que tras un proceso de innovación tecnológica le sobra personal. Plantea que la Administración se haga cargo de un 40 por ciento de las prejubilaciones, cuyo coste previsto es de 2 millones.

El 11 de abril de ese año, el responsable de personal de Peninsular del Latón envía una carta a Francisco Javier Guerrero en el que le señala que «tras su visita a nuestra fábrica el pasado 22 de marzo, nos hemos puesto en contacto con la empresa consultora Vitalia, tal y como nos sugirió». La compañía les aclaró que ofrecen «intermediación con la Junta de Andalucía que usted representa». Sin embargo, Peninsular del Latón «ya está comprometida con su corredor de seguros habitual, Ferrer y Ojeda, dispone ya del cálculo de flujos de rentas que a través de éste ha elaborado la también empresa consultora Heissmann con la que llevamos trabajando el expediente desde el mes de noviembre del pasado año». La misiva aclara que la misma labor que realizaría Vitalia está ya hecha y pagada, aunque «la posibilidad de financiar la ayuda que pudiera aportar la Junta de Andalucía nos resulta muy atractiva».

Pese a esta petición, el ex director general de Trabajo se mostró inflexible. En una nueva carta de junio de 2006, la empresa señala que «siguiendo vuestras recomendaciones, facilitamos los datos necesarios a Vitalia para llevar a cabo el estudio necesario para retomar con ellos el expediente de las dieciocho prejubilaciones». La intermediaria «oficial» ya estaba en la operación, aunque Peninsular del Latón se quejó en otra carta de que «nos resulta imposible contactar con ellos» y lamentó el retraso en la aprobación definitiva del ERE por lo que solicitó a Guerrero «su intervención ante Vitalia».

El proceso se culminó con la aprobación del ERE en julio de 2007. El convenio por el que la Junta asume el pago de 1.273.976 euros –en un principio, la empresa pidió el 40 por ciento de 2 millones, es decir, unos 800.000 euros– se firmó con la Agencia IDEA en mayo de 2009, ya con el sustituto de Guerrero, Juan Márquez Contreras, ambos imputados, en la dirección general.

El informe que hicieron los funcionarios de la Consejería de Empleo cuando saltó el escándalo es concluyente. «Parece que se realizan abonos de cantidades por la Junta de Andalucía a entidades aseguradoras a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas contractualmente por la empresa como tomador del seguro». En otro punto dice que «parece que desde la Administración se sugiere el trabajo con una entidad privada que realiza funciones de intermediación».

Este informe es del 4 de marzo de 2011. En mayo, en el Parlamento, los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, negaron, a preguntas del PP-A, la existencia de intermediarios en los ERE, pese al informe interno encargado por la propia Junta.

Diez meses después, el pasado sábado, el Gobierno andaluz anunció que reclamará las cantidades cobradas indebidamente por las aseguradoras e intermediarios, aunque no sabe a cuánto ascienden. El PP-A asegura que pueden llegar a 200 millones de euros entre 2001 y 2010.