El TC mantiene la suspensión de la ley y los alcaldes seguirán en el Parlamento

SEVILLA/MADRID- El Partido Popular obtiene un oxigenante balón del Tribunal Constitucional en puertas del XIII Congreso Regional que celebra a partir del viernes en Granada. El Alto Tribunal ha decidido mantener la suspensión de la ley electoral andaluza que impide a los alcaldes y presidentes de diputación ser parlamentarios.

El pronunciamiento es sustancial para el PP. Esta legislatura arrancó con ocho alcaldes de esta formación sentados en la Cámara autonómica. Ahora son siete, tras dejar la Alcaldía el regidor de Motril y portavoz del Grupo Parlamentario, Carlos Rojas. En esta nómina figuran también alcaldes de capitales de provincia como los de Sevilla (Juan Ignacio Zoido), Córdoba (José Antonio Nieto), Huelva (Pedro Rodríguez) o de importantes municipios como el malagueño de Fuengirola (Esperanza Oña). Hay dos diputados de IU a los que les afecta asimismo la decisión.
Los alcaldes de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo y de Canena, Juan Serrano.

Fuentes del Tribunal Constitucional confirmaron a LA RAZÓN que este órgano decidió el viernes en un auto prolongar la suspensión de la norma. Partes afectadas también confirmaron a este periódico la continuación de la suspensión.

El TC tenía hasta principios de agosto para pronunciarse. El cronómetro comenzó a contar con la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del presidente del Gobierno, que se hizo firme tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de marzo. En agosto no se reúne el TC. La decisión se ha producido en el momento esperado.

El veto a que los regidores andaluces pudieran estar en la Cámara fue uno de los principales caballos de batalla del PP en el tramo final de la pasada legislatura. La reforma de la ley electoral andaluza se aprobó el pasado 23 de noviembre con los votos a favor del PSOE y la abstención de los diputados de IU. En ese momento había 17 alcaldes en la bancada popular. El golpe era seco porque el todavía presidente del PP-A, Javier Arenas, hizo de su escuadrón de regidores el principal escaparate del partido. En varias ocasiones repitió el presidente de la Junta que una reforma de la ley electoral se construiría sobre el consenso. Este precepto no se cumplió. El PP interpretó que la jugada era una clara revancha tras barrer los populares en las elecciones municipales de mayo, en las que consiguieron, además de aventajar por primera vez al PSOE en número de votos en Andalucía –casi 300.000–, las alcaldías de todas las capitales de provincia y cinco diputaciones. El PP habló de «cacicada»; el PSOE de «insumisión» del principal partido de la oposición al incluir nuevamente alcaldes en las listas para las elecciones del 25 de marzo.

El recurso lo interpuso el Gobierno tras contar con el visto bueno del Consejo de Estado, el Consejo Consultivo a nivel nacional. Dictaminó que se apreciaban «fundamentos jurídicos» para llevar la reformada ley electoral andaluza al Tribunal Constitucional al suponer una «vulneración de los derechos constitucionales de sufragio pasivo y de acceso a cargos públicos de que son titulares las personas afectadas».

El plan estaba perfectamente definido. Los cinco meses de suspensión cautelar que daba el Tribunal Constitucional suponían un colchón de tiempo suficiente para que, tras las elecciones autonómicas, el PP gobernando la Junta pudiera reformar de nuevo la ley electoral y eliminar la incompatibilidad. Pero se rompió el principal eslabón del plan que había dejado descolocado al Gobierno andaluz. Arenas perdió las elecciones por «photo finish» el 25 de marzo.

La decisión del TC abre de nuevo el paracaídas al Partido Popular. En un momento además que le viene especialmente bien. Uno de los afectados es el alcalde de Sevilla que este fin de semana saldrá del Congreso de Granada como presidente regional de la formación, tomando el testigo de Javier Arnas. De haber levantado el Constitucional la suspensión de la norma, Zoido tendría que haber decidido en la Comisión del Estatuto del Diputado si se quedaba con el acta de parlamentario o de primer edil. La decisión era dejar la Cámara.