Independencia de Reino Unido

Clegg ya tiene su referéndum

Nick Clegg pasó ayer a la historia como el primer líder de los liberal-demócratas con el apoyo suficiente en el Parlamento para plantear una reforma del sistema electoral. Convertido en viceprimer ministro en el Gobierno de coalición con los conservadores, el joven político anunció que el próximo 5 de mayo de 2011 tendrá lugar un referéndum para modificar el controvertido sistema actual.

Cameron y Nick Clegg, a las puertas de Downing Street
Cameron y Nick Clegg, a las puertas de Downing Streetlarazon

El asunto fue uno de los más polémicos, sino el más, entre los «tories» y los liberales durante las negociaciones tras las elecciones de mayo. Mientras que los de David Cameron quieren que permanezca el llamado «first-past-the-post», que beneficia a los partidos mayoritarios, los de Clegg siempre habían pedido un procedimiento más proporcional. La opción que se planteará al ciudadano finalmente será la del «voto alternativo» y, sin lugar a dudas, la campaña previa a la consulta popular será la prueba más importante para saber si el Ejecutivo sobrevive. Ambas formaciones intentan aparentar una luna de miel, pero lo cierto es que la tensión es máxima, ya que el propio Cameron ha dejado claro que votará en contra de cualquier cambio. Aunque los diputados «tories» sean de la misma opinión que su líder, sí se verán obligados a apoyar la Ley del Referendo al ser el punto clave del acuerdo de coalición.La versión oficial es que ambos líderes seguirán gobernando juntos si finalmente no se logra modificar el sistema, pero en ese supuesto, Clegg tendría una presión máxima por parte de sus filas que no le pondría las cosas precisamente fáciles.El plan del Gobierno para modificar el sistema político incluye también la introducción de una legislatura fija de cinco años –actualmente el «premier» puede adelantar las elecciones a su conveniencia–, una reducción del número de diputados y la necesidad de una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara de los Comunes para promover la disolución del Parlamento, lo que supone un 66 por ciento en lugar del 55 por ciento anunciado previamente.