y 26 textos en el tintero

 En los planes del Gobierno estaba la aprobación de más de una veintena de leyes que, por el adelanto electoral, se verán al menos aplazadas o directamente pasarán a mejor vida en algún cajón del Congreso de los Diputados. De las 30 «leyes prioritarias» que el Ejecutivo tenía previstas para este año, serán 26 las leyes que quedarán pendientes de tramitación, incluidos aquellos decretos-leyes en vigor ya convalidados que el Congreso decidió tramitar como proyectos de ley para poder incorporar enmiendas.

El caso más significativo es el de la negociación colectiva. Con el decreto en vigor, retocado en su tramitación con el compromiso de CiU y el PNV, ahora no tiene que cumplirlo porque el proyecto de ley decae. Y a ella se suman, tres de las leyes proyectas por el Gobierno que mayor espacio han ocupado en los diarios. Son la Ley de Muerte Digna, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación y la Ley de Transparencia, que pretendía garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información de las instituciones públicas.

El ámbito del deporte tampoco quedará exento de verse afectado por el adelanto electoral. En el tintero quedará el Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de Protección de Salud y de Lucha contra el dopaje en el deporte. O lo que es lo mismo, aquella que tenía como fin, adaptar la legislación española a los requisitos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). En el ámbito de Defensa, se dejará sin aprobar el nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Y en lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía, quedarán en agua de borrajas dos proyectos de ley, uno respecto al régimen personal y otro sobre los derechos y deberes de los funcionarios, ambos en el Senado.

No se han salvado siquiera las que tenían carácter de urgencia. Es el caso de la Ley del Sector Eléctrico, que pretendía obligar a las compañías a desglosar todos los costes en las facturas y a disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente. Irá directa a la papelera, junto a la Ley de Servicios Funerarios, que iba a abaratar los trámites del fallecimiento, la Ley General de Navegación Marítima o la modificación de la Ley del Poder Judicial para crear tribunales de instancia.