Once ex altos cargos del PSOE «ocultan» su declaración de bienes

Llegan las vacaciones y a muchas de sus señorías, con las prisas, se les olvida cumplir con algunas de sus tareas. Hasta cierto punto es asumible o entendible, pero lo que no lo es de ninguna de las maneras es que once ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hayan incumplido su obligación de presentar tras su cese la declaración patrimonial y de actividades. Así viene estipulado en la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Normativa que han incumplido, entre otros, las ex secretarias generales de Infraestructuras Inmaculada Rodríguez-Piñero, actual diputada y secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, e Isabel Martínez Lozano, secretaria de Política Social y Consumo. También se han «olvidado» el ex delegado del Gobierno en Baleares Ramón Socias y los ex embajadores en la República de Gabón César Alba Fuster; en Alemania Rafael Dezcallar de Mazarredo y ante la Unesco Ion de la Riva. Así lo confirma un informe de la Oficina de Conflictos de Intereses, al que ha tenido acceso Ep.
El número de altos cargos obligados a formular declaraciones patrimoniales y de actividades es de 689, según consta en este informe, que indica que desde que cesó el anterior Gobierno, el 20 de diciembre de 2011, hasta el 30 de junio de este año se han recibido 639 declaraciones al nombramiento, de las que 317 son de actividades y 322 de bienes, así como 716 al cese, de las que 358 son de actividades y 358 de bienes.
Por otra parte, en el informe, que ha sido remitido al Congreso, se apunta también que en este primer semestre de Gobierno del PP la Oficina de Conflictos de Intereses ha tenido que remitir un total de 47 recordatorios por falta de declaración al nombramiento, de los cuales ya han sido contestados 46, así como 102 recordatorios de cese, de los que se han resuelto 84. Hay que señalar que después de la fase de recordatorio se emiten los requerimientos: en dicho periodo, la Oficina, que depende del Ministerio de Hacienda, efectuó dos de nombramiento que ya han sido contestados, además de 19 que corresponden a la declaración de cese, de los cuales han sido contestados 14.

Sanciones
Una vez cumplidas las dos fases anteriores, la Oficina de Conflictos de Intereses puede acometer sanciones contra los altos cargos incumplidores. Hasta el 30 de junio había dos expedientes sancionadores en tramitación, si bien el informe no especifica quiénes son los afectados ni detalla si se ha abierto por ese motivo o por haber incurrido en algún supuesto de incompatibilidad.
Un tercer expediente de ese semestre se ha resuelto ya y sin imponer sanción, ya que la instrucción realizada concluyó que la persona afectada no había vulnerado la Ley voluntariamente.

Una norma en vigor desde 2006
La normativa, que data del año 2006, establece que los altos cargos están obligados a presentar una declaración de las actividades que desempeñen así como de aquellas que vayan a realizar una vez que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos. Por otra parte, también deben formular una declaración patrimonial de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones. Finalmente, el plazo para la presentación de ambos informes es de tres meses a partir del siguiente día a las fechas, tanto de la toma de posesión como del cese.